El incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México podrá derivar en multas millonarias durante 2026, luego del ajuste del 3.6% a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente a partir del 1 de febrero. Con este incremento, las sanciones económicas pueden alcanzar hasta 5.8 millones de pesos, de acuerdo con la legislación laboral.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el valor de la UMA para 2026 se fijó en 117.31 pesos, cifra que sirve como base para calcular multas, créditos fiscales, pensiones y otras obligaciones legales.
La LFT no solo establece los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores, sino que también contempla sanciones económicas severas para quienes incumplan la normativa laboral vigente.
Entre las faltas más comunes que pueden derivar en multas se encuentran no pagar o retrasar salarios y prestaciones, incurrir en esquemas ilegales de subcontratación, no registrar a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o hacerlo con un salario inferior al real, así como discriminación, violencia laboral, obstrucción de inspecciones de trabajo o la falta de documentación obligatoria.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la autoridad responsable de imponer estas sanciones, las cuales se derivan de inspecciones ordinarias y extraordinarias realizadas por instancias locales y federales. En muchos casos, las revisiones se activan a partir de denuncias presentadas por trabajadores.
El monto final de cada multa no es automático, ya que la ley establece que debe evaluarse la gravedad de la infracción, la intencionalidad del empleador, el número de personas afectadas, la reincidencia y la capacidad económica del patrón.
Con el nuevo valor de la UMA, especialistas advierten que el riesgo financiero para las empresas que incumplan la LFT aumenta significativamente, por lo que recomiendan revisar contratos, registros ante el IMSS y condiciones laborales para evitar sanciones que podrían comprometer la viabilidad económica de los centros de trabajo.
