La propuesta de reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales no solo implica una disminución del tiempo de trabajo, sino que representa una oportunidad para actualizar y mejorar la legislación en materia de pago por hora y jornadas especiales, indicaron especialistas en derecho laboral.
Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla desde 2012 la modalidad de pago por hora, su aplicación sigue siendo limitada y poco clara, principalmente por la disposición que establece que ningún trabajador puede recibir menos del salario mínimo diario, lo que complica el fraccionamiento de este pago.
Pago por hora, alternativa ante la reducción de jornada
Para Sofía Gómez Bautista, socia de Assembla Law, la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de un marco normativo más sólido sobre el pago por hora, ya que este esquema “podría ser una alternativa viable para enfrentar la demanda de cargas laborales ante la disminución del tiempo de trabajo”.
La especialista destacó que, aunque el pago por hora no es ilegal, la interpretación conservadora del salario mínimo como un monto diario lo hace difícil de implementar. “Es incluso una medida que puede resultar inconstitucional, ya que el salario mínimo debería garantizarse sin importar la fracción de horas laboradas”, precisó.
El papel de la STPS en el debate
El siguiente paso hacia la implementación de la jornada de 40 horas será la presentación de las conclusiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tras los foros públicos en los que se han recogido propuestas de empresarios, sindicatos, académicos y especialistas.
Hasta ahora, la dependencia no ha establecido una fecha para dar a conocer estas conclusiones, pero se espera que temas como el pago por hora y la regulación de las jornadas especiales sean parte fundamental de las recomendaciones.
Propuestas recurrentes en los foros
De acuerdo con los reportes preliminares, el pago por hora y la reglamentación adecuada de las jornadas especiales fueron dos de las propuestas más insistentes, entre más de una docena de medidas planteadas, que buscan no solo garantizar la productividad de las empresas, sino también mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores.
