Una vez en junio de este año se detectó un mecanismo para incrementar ilegalmente las pensiones, Martí Batres, el director general del ISSSTE, publicó este 8 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo mediante el cual se emite el procedimiento para verificar que dichas pensiones no rebasen el monto máximo establecido por ley, de 32 mil 571 pesos mensuales, equivalentes a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Batres argumentó que el propósito del acuerdo es corregir injusticias y excesos. Por ello, se podrá ordenar en cualquier momento la autenticidad y verificación de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base en procura de conceder una pensión.
El acuerdo es claro en establecer que en caso de que se detecte que los documentos presentados para el otorgamiento y cuantificación de una pensión son presuntamente falsos, o que existan posibles responsabilidades de servidores públicos por la comisión de faltas administrativas, el instituto denunciará los hechos al Órgano Interno de Control en el ISSSTE, así como al Ministerio Público federal e incluso llegar a revocar dichas pensiones.
Para el pasado 19 de junio, el instituto aseguró que identificó “un modelo criminal, en complicidad de trabajadores en activo, exservidores públicos del ISSSTE, abogados particulares y la Junta Laboral Federal que, careciendo de competencia, incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos, lo que implica responsabilidades penales”.
En ese sentido, se implementaron líneas de acción con las que se recuperaron 887 millones mediante procedimientos administrativos y actos de fiscalización.
