La polémica reforma constitucional que pretende reestructurar el Poder Judicial y hará que todos los jueces sean elegidos por el voto popular, es un cambio que sus críticos temen que politice la justicia y deje en peligro la democracia, se encuentra muy cerca de ser una realidad en México.
En cuanto a su trámite parlamentario finalizó la madrugada del miércoles (11 de septiembre) con su aprobación en el Senado, donde Morena consiguió al último segundo el único voto que le faltaba gracias a un parlamentario de la oposición y tras una muy dura sesión, que incluyó el cambio de sede de la sesión, la irrupción de manifestantes en el Pleno y acusaciones de cooptar el voto.
Ahora bien, ya sólo necesita su ratificación por 17 de los 32 Estados del país, algo muy factible porque Morena, el partido del Presidente AMLO, y sus aliados tienen bajo su dominio más de una veintena de parlamentos locales.
El primer Estado en entregar su apoyo fue Oaxaca, que horas después del voto en el Senado aprobó la propuesta por unanimidad, con los votos del oficialismo y de los partidos de oposición. En Ciudad de México, a modo de contraste, los partidos de oposición arremetieron duramente contra lo que calificaron como “un riesgo para la democracia”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que finaliza su mandato el 30 de septiembre y quiere que el cambio en la Constitución sea parte de su legado, ya indicó que “no hay fundamento legal para detener la reforma”.
