- Columna de opinión.
- Escrita por: Oscar Miguel Rivera Hernández.
¡Hola! Nuevamente, me dispongo a comentar sobre el alboroto generado en torno a la supuesta sobrerrepresentación de Morena en la próxima legislatura (2024-2027) en la Cámara de Diputados. Este tema ha sido objeto de debate entre diversos actores políticos y medios de comunicación, incluidos aquellos vinculados a la clase política que han señalado la “sobrerrepresentación” de Morena. Esta narrativa, sin embargo, no es nueva, especialmente considerando que proviene de partidos como el PAN y el PRI, que aprobaron y se beneficiaron de las normas vigentes mientras estaban en el poder.
Para entender este asunto, es esencial revisar los antecedentes legales sobre la representación política en México. La reforma constitucional de 1996 al artículo 54 establece dos principios clave: ningún partido puede tener más de 300 diputados, ya sea por mayoría relativa o representación proporcional, y ningún partido puede exceder en más de 8 puntos el porcentaje del total de la Cámara en relación con su porcentaje de votación nacional.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en su artículo 59-A, permitía que las coaliciones recibieran senadores y diputados por representación proporcional como si fueran un solo partido. Esta disposición fue eliminada en 2008 por el PAN, PRI y el Partido Verde, cambiando el sistema para asignar escaños por partido individual en lugar de por coalición. De acuerdo con estas normas, Morena obtendría 248 diputados en total para la LXVI Legislatura, distribuidos en 161 de mayoría relativa y 87 plurinominales. Entonces, surge la pregunta: ¿dónde está la sobrerrepresentación?
Recientemente, organizaciones de la sociedad civil, como Confío en México, Foro Plural Jalisco y el Consejo Cívico Ciudadano, entregaron en la Junta Local Ejecutiva del INE en Jalisco 62 mil firmas ciudadanas recolectadas en todo el país. Estas organizaciones argumentan que Morena y sus aliados buscan cambiar la Constitución a su antojo, lo que, según ellos, constituye un “golpe de Estado legal” y técnico. Afirman que con el 54% de los votos obtenidos por la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, buscan obtener el 75% de la representación en el Congreso, mientras que con el 42% de los votos de la coalición opositora, desean reducir su representación en un 25%. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la Constitución establece claramente en su artículo 54 que estas normas deben ser respetadas.
Los críticos actuales, incluidos aquellos que diseñaron y se beneficiaron del sistema vigente, parecen ahora insatisfechos. En abril de 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa del Plan A para limitar la sobrerrepresentación por coalición en lugar de por partido individual, la propuesta fue rechazada. Esto sugiere que la oposición actual parece más un reflejo del temor a perder poder que una preocupación legítima por la justicia electoral.
Además, figuras como Xóchitl Gálvez han amenazado con movilizaciones sociales si el INE y el TEPJF interpretan la Constitución de manera que otorgue a Morena una “sobrerrepresentación” que, según las leyes actuales, no existe. A pesar de la derrota electoral sufrida el pasado 2 de julio, algunos siguen intentando promover este tema. Pero, ¿de qué sobrerrepresentación se habla si las reglas son claras y precisas?
Por otro lado, organizaciones del Poder Judicial han decidido no emprender acciones legales contra esta supuesta sobrerrepresentación, optando en su lugar por concentrarse en el debate legislativo sobre la reforma propuesta por el presidente. Esto refleja un reconocimiento tácito de que no se puede desafiar la voluntad popular ni las directrices constitucionales, y la necesidad de respetar lo establecido en el artículo 54 de la Constitución desde 1996.
Para terminar, la supuesta “sobrerrepresentación” de Morena parece ser un discurso impulsado por aquellos que ven amenazados sus intereses y poder. Las reglas están establecidas y se han seguido, y cualquier intento de distorsionarlas muestra la desesperación de quienes se resisten a aceptar la voluntad del pueblo. La democracia tiene sus reglas, establecidas en el pasado por quienes ahora deben respetarlas, incluso si no les favorecen.
