El Instituto Nacional Electoral (INE) confirma que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias por 3,600 casos que podrían constituir delitos electorales altamente relacionados con un intento de alterar el Listado Nominal de sujetos que residen en el extranjero. Así lo destaca EL ECONOMISTA.
Durante una conferencia de prensa para entregar detalles sobre el voto de las y los mexicanos en el extranjero, el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Voto en el Extranjero y la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, indicaron que hasta ayer (jueves 23 de mayo), la Lista Nominal de Electores en el Extranjero dispone de 223,961 registros.
Entre éstos, dijeron, 25% está en Voto Postal, en otras palabras, 56,249; 7% registrado para votar en las 23 sedes consulares, equivalente al 15,723; y, 67.86% para votar electrónico mediante Internet, 151,989 casos.
En cuanto al caso de las 39,724 personas que originalmente fueron excluidas de la Lista Nominal del voto en el extranjero, porque su registro presenta irregularidades, la consejera Carla Humphrey destaca que luego una nueva revisión, fueron reincorporados 36,573 casos.
Además, la consejera expresa que del grueso de estos registros que se reincorporan se encuentran en la modalidad Electrónica por Internet, 30,488; en Presencial, 2,905 y en Postal 3,180.
Ahora bien, 3.369 registros ya no fueron procedentes de reincorporación. Acerca de estos casos, la consejera Carla Humphrey, explica que el área técnica propone dar vista a la Dirección Jurídica del INE en procura de que interponga las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), como consecuencia de la sospecha de que terceras personas pretendieron alterar el registro de votos en el extranjero.
“En este caso, el área técnica nos propone lo siguiente: propone que aquellos casos en donde los ciudadanos señalaron no haber presentado la solicitud de inscripción, casos de comprobantes de domicilio falsos o alterados, firmas recortadas y pegadas o cualquier posible conducta de un tercero que pudiera constituir registros de personas sin su consentimiento podrían constituir en algún momento algún ilícito administrativo o penal”, concluye dicha fuenta para EL ECONOMISTA.
