La Corte Internacional de Justicia (CIJ) entregará el próximo jueves 23 de mayo su decisión acerca de las medidas cautelares solicitadas por México contra el gobierno ecuatoriano después de asaltar la embajada mexicana en Quito y detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), el pasado 5 de abril.
Por un lado, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas convoca una audiencia para el próximo jueves a las 15:00 hora neerlandesa (13.00 GMT), en la que Nawaf Salam, el presidente de la CIJ, confirmará la decisión sobre la emisión de medidas cautelares contra Quito, en respuesta al asalto a la embajada mexicana en Ecuador con el objetivo de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que México había concedido el asilo.
México empieza procedimientos ante la CIJ el 11 de abril expresando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática”, pero, antes de comenzar a deliberar en el caso, México considera necesario que la CIJ emita medidas cautelares.
Entre las cuales se destaca, solicitar exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”, e incluso que “despeje” los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en territorio ecuatoriano.
Como respuesta a dicha solicitud, la CIJ celebra el 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambas naciones. El Gobierno de México acusa a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.
Nuestro país acusa a Quito de “negligencia deliberada” hacia las vidas de las personas que estaban dentro del recinto y expresa que esta incursión “muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo”.
Al momento de tomar la palabra, Ecuador defiende que el asalto a la embajada mexicana fue un acto “excepcional” y recalca que el político ecuatoriano ha sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción. Por otro lado, aclara que Quito ha dado “garantías” por escrito a México de que cumplirá con su deber de proteger y respetar a su personal y sedes diplomáticas.
