Las secretarías de Defensa y de la Marina llegarían a obtener 5 mil 204 millones de pesos anuales gracias a la creación de un nuevo fideicomiso sin estructura orgánica, en el cual se depositarían las tasas cobradas en cuanto a los ingresos totales de los grupos aeroportuarios, considerando la facturación de los grupos al cierre del 2022.
Mediante voto mayoritario, el pasado miércoles (18 de octubre), la Cámara de Diputados aprobó adicionar el artículo 220-A a la Ley Federal de Derechos de 2024, el cual estableció el cobro de una tasa de 9 por ciento, ya no de 5 por ciento, a los ingresos brutos para los dueños de concesiones de servicios aeroportuarios, es decir en la facturación total de las empresas.
Según la información de las emisoras, ASUR, OMA y GAP facturaron ingresos, por sus operaciones en aeropuertos mexicanos, equivalentes a una suma de 57 mil 827 millones de pesos al cierre del 2022, de esos recursos, el 5 por ciento fue absorbido por el gobierno, de acuerdo a lo establecido en los títulos de concesión de los grupos aeroportuarios.
Sin embargo, el gobierno recibirá lo que represente de una tasa de 9 por ciento sobre los ingresos totales de los concesionarios aeroportuarios privados, por lo tanto, la captación de la contraprestación cobrada a las empresas aeroportuarias pasará de 2 mil 891 millones a más de 5 mil millones de pesos.
También el gobierno pactó nuevas bases tarifarias con el objetivo de reducir los costos de los boletos de avión y beneficiar a los usuarios de líneas aéreas y aeropuertos.
“Estas actualizaciones son significativas, pues es la primera vez, en más de dos décadas que se revisan y ajustan las bases de regulación y la tarifa de contribución para las concesiones aeroportuarias”, expresó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
