En los últimos días, ha resurgido la retórica presidencial de que los Órganos Constitucionales Autónomos no le sirven al “pueblo”, que su creación se dio en detrimento del Estado Mexicano el cual incluso “fue desmantelado”, y que desaparecerlos o fusionarlos será un “ahorro” de recursos. Y se da a entender, casi casi, que sus integrantes tienen pacto con el maligno.
Para algunos, todavía es difícil comprender que la estructura clásica de los tres poderes ha tenido que evolucionar ante la realidad política de la transición democrática.
La misión de estos organismos, desde la teoría política, precisamente es acotar el poder presidencial. Para decirlo mas coloquialmente, fueron creados para que el Gobierno Federal no sea juez y parte en actividades como la organización de elecciones, la regulación energética o en materia de telecomunicaciones o la tutela de los derechos humanos, por citar algunos ejemplos.
En México, existen 198 OCAs, de los cuales nueve son federales y 189 en las entidades federativas. Este modelo permite que lleguen perfiles especializados.
Ni los que encabezan, ni los servidores públicos que ahí laboran son de elección popular y no deben depender directamente de alguno de los poderes, aunque su trabajo es muy valioso para el estado mexicano. A ese personal se le debe cuidar por esa experiencia y especialización técnica sustentada en años de práctica y de preparación académica en posgrados, talleres o diplomados.
No voy a meter las manos al fuego por ciertos personajes que han pasado por estos Organismos Constitucionales Autónomos. Es absurdo negar que algunos sí fueron comparsas de elites o grupos políticos o económicos. Pero de reconocer que no son el castillo de la pureza, a desaparecerlos todos, a rajatabla, me parece desproporcionado.
De acuerdo con la académica y Presidenta Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, hay cuatro estrategias que pueden usarse contra estos órganos autónomos: la legal, la financiera, la coptación y la reputacional.
- La primera consiste en presentar iniciativas para desaparecerlos y no han sido pocos los amagos en este sentido.
- La segunda, de estrangulamiento presupuestal, ya está en marcha desde el último trecho del peñismo y se ha continuado en el gobierno de la 4T, como lo veremos a continuación.
- La tercera ha sido la favorita de este y los anteriores gobiernos y consiste en designar comisionados, consejeros o integrantes a modo.
- Y la cuarta es la que se ha recrudecido en últimas fechas a través de estridentes acusaciones contra estos Órganos.
Quisiera brevemente hablar de las dos más visibles: la financiera y la reputacional, que como verán, van de la mano.
La Cuarta Transformación ha construido la narrativa de que los OCA’s son caros e inútiles. Pero en realidad se les destina apenas el 0.8 % del presupuesto federal. No lo digo yo. Esa cifra la documentó la doctora Nancy García Vázquez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, catedrática del CUCEA de la UdeG y especialista en Finanzas Públicas.
De ese 0.8 % el presupuesto se reparte asi:
- Instituto Nacional Electoral 50 %
- Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos) 3 %
- Instituto Federal de Telecomunicaciones 3%
- Comisión Federal de Competencia (Cofece) 2%
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 25 %
- Comisión Nacional de Derechos Humanos 5 %
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa 8%.
Cabe señalar que el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se llevaba el 1 %.
Esos números son del 2019, pero en 2020 y 2021 han sufrido reducciones. Actualmente reciben 4 mil 600 millones de pesos menos que en 2018, todo a pesar que se les han multiplicado sus atribuciones. El más golpeado, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con 25 % menos de presupuesto.
Su estabilidad financiera es endeble porque depende de la negociación política, año tras año. Y también tenemos que ser críticos: los órganos autónomos han carecido de disciplina financiera, ni políticas de austeridad. Pero todo esto nos demuestra la necesidad de transformarlos y mejorarlos, no de aniquilarlos.
Quienes pregonan que su desaparición representaría un gran ahorro para las arcas publicas, es una falacia, pues no alcanzan ni siquiera el 1 % del presupuesto federal. En cambio sí veríamos un retroceso. Un daño irreversible a nuestra todavía endeble democracia.
En lugar de destruirlos, hay que fortalecerlos. Y no solo eso, sino ampliar el catálogo de Organismos Autónomos e incluir a entes como la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, el Instituto para el Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (que ya estaba en esta vía) o la Auditoría Superior de la Federación, que inexplicablemente sigue dependiendo del Poder Legislativo.
Y a la 4T le concedo algo: muchos estamos de acuerdo en hacer limpia de algunos perfiles oscuros y acomodaticios que siguen enquistados en esos organismos y en que los congresos y gobernadores de los Estados saquen las manos de los nombramientos.
Para mejorar al país, necesitamos reingeniería de alto nivel, no una compañía de demolición. Que las decisiones se tomen en base a evidencia científica y que privilegien la institucionalidad y la eficiencia, y que no salgan de las tripas, de los odios, prejuicios y del menosprecio a la técnica, el método y la preparación académica.
Sí. Es tiempo de deshacernos de los lobos con piel de oveja en estos organismos. Pero ya basta de sacar el machete para cortar todo de manera tosca. Lo que necesitamos son intervenciones con precisión quirúrgica.
