En el contexto de la aprobación por parte del Senado mexicano, de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTT), entre las que se encuentra la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el viernes 16 de abril, por parte del Ejecutivo federal, la semana pasada yo hacía referencia al deja vú que tuve al recordar que en el año 2014, luego de una votación dividida, el INAI se inclinó por no presentar una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada de la aprobación de la entonces conocida como “Ley Telecom”, que incluía algunos artículos que a juicio de numerosos expertos, violaba la privacidad de las personas al permitir la geolocalización sin que hubiere una orden judicial de por medio.
Con este antecedente yo mencionaba que era pesimista y que veía muy posible que quienes integran el Pleno del INAI eludieran su responsabilidad histórica con argumentos que califiqué de huizacheros, y que decidieran no combatir la creación de dicho padrón, ante el tribunal constitucional del país, máxime por el comunicado que emitió el INAI en el cual -también mencioné- que parecía ir en la lógica de que “palo dado ni dios lo quita”.
Y rematé mi reflexión con la interrogante acerca de si estarían “los actuales comisionados y comisionadas del INAI dispuestos a enfrentar a la aplanadora morenista y a su líder en Palacio Nacional para defender nuestros derechos
humanos”.
Pues bien, en la pasada sesión del 27 de abril, el Pleno del INAI votó por unanimidad presentar una controversia constitucional contra la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que pretende recabar nuestros datos bimétricos, lo cual contraviene algunos principios en relación con las obligaciones que en materia de protección de datos personales contempla el marco jurídico, tanto para aquellos que se encuentran en posesión de sujetos obligados, como para los que recaba y trata el sector privado, entre cuyos principios resaltaría el de proporcionalidad.
Al respecto de la decisión de las comisionadas y comisionados del INAI, debo reconocer que me sorprendió para bien, ya que es una verdad de perogrullo que vivimos un momento histórico en el cual el actual titular del Poder Ejecutivo federal vive una cruzada en contra de las instituciones y autoridades que se atreven a cuestionar la viabilidad, legitimidad e incluso legalidad de muchas de las acciones de gobierno que se están llevando a cabo desde su administración y/o que surgen en el seno de la bancada mayoritaria del partido político que lo llevó al poder y, en este contexto, quienes han ejercido sus facultades y atribuciones desde instituciones que son parte del Estado mexicano -y que fungen precisamente como equilibrios y contrapesos al poder- se han convertido en el blanco de la metralla discursiva desde Palacio Nacional, que lo mismo les califica de corruptos, conservadores y fifís, que les convierte en cómplices de todos los males nacionales.
En el caso específico del INAI, en la “mañanera” de este miércoles 28 de abril, el Presidente de la República aseveró que al igual que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo garante del acceso a la información y la protección de datos personales fue creado “para defender a grupos de interés creados a las grandes empresas, y a los que se dedicaban a saquear al país, por eso se crearon todos estos organismos”.
Ahora que este organismo constitucional autónomo llevará el caso a la Suprema Corte, nos toca a la ciudadanía continuar acompañando a la institución y a quienes integran el Pleno, para que resistan las presiones y seducciones que seguramente desde el poder recibirán por haberse atrevido a no practicar la genuflexión, la abyección y el besa manos, liturgia que ha prevalecido en nuestra cultura política mexicana y que desde la llegada de la 4T al poder ha
remasterizado, corregido, aumentado y demandado como condición sine qua non para gozar de las simpatías del los que no eran iguales.
Espero equivocarme también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que se sume a la defensa jurídica de los derechos consagrados en el Artículo 16 constitucional, pero hasta el momento prevalece mi escepticismo.
Como última opción, mantengámonos al pendiente de los colectivos y organizaciones que están ofreciendo asesoría a quienes ante la voracidad del régimen, tenemos en los amparos un mecanismo legal para defender nuestro ámbito privado y nuestros datos personales sensibles.
#NoAlPadrón
