A pesar de lo reciente de la decisión, mucho es ya lo comentado
sobre la elección que tuvo lugar la madrugada del viernes de tres titulares del Consejo de la Judicatura estatal.
Al momento, ninguna opinión he encontrado que celebre las designaciones: quizá lo anterior obedezca a que mi búsqueda no ha incluido los pronunciamientos de los diputados que votaron a favor de las designaciones, las cuales se me ocurren las únicas (o de las
pocas) que podrían haberse emitido en tal sentido.
Al parecer, en mayor o menor medida si se le compara con otras designaciones, el congreso volvió a confundir sus facultades soberanas con la capacidad de emitir sus decisiones sin razonamiento alguno. Más aún, violando el procedimiento establecido para tal efecto.
Hace unas semanas que escribía sobre el proceso relativo no me equivoqué: expresé que dicho proceso de designación perfilaba un horizonte prometedor, en la medida que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (CPS) y el poder legislativo, en el ámbito de su particular intervención y atribuciones, realizaran un trabajo con perspectiva de rediseño del Poder Judicial de la entidad. Me parece que acerté en no creer en la buena voluntad del Congreso, de ahí que pusiera esa condicionante en mi comentario. Acerté, pues, en no darlo por hecho.
Por parte del CPS, no veo que su labor haya estado empañada de irregularidades. De lo que pude advertir de la información pública a la que, como cualquier otro ciudadano tuve acceso, la actuación de dicho ente de participación ciudadana se limitó a ser un ente de facilitación evaluativa, pues formuló los criterios para la elaboración de la opinión técnica de evaluación de los perfiles de las y los aspirantes a ocupar los cargos.
Aquí es importante dejar claro que, en el proceso de evaluación, al CPS no le correspondió diseñar, aplicar ni evaluar el examen al que se sometió a las personas participantes, pues fueron las universidades convocadas las responsables de ello. El problema vino cuando el proceso cambió de estadía al legislativo, quien hizo uso de toda una serie de maniobras tendentes a evitar que le vincularan las evaluaciones realizadas con anterioridad y, si se quiere ver de otro modo, parece que el esfuerzo se encaminó más bien a ignorar y evadir el procedimiento que el propio legislativo convirtió en ley, en el que dio intervención al CPS.
Es entendible la molestia que se pueda generar en la sociedad civil (organizada o no), cuando se trata de momentos en la vida pública como el anterior, es decir, en la designación de servidores públicos de cierto nivel y relevancia, aun cuando el legislativo siempre parece ofrecer motivos para molestarse en estos casos.
Más bien, llama la atención que tal enfado hacia el congreso refleja que, en el fondo, se esperaba algo diferente de él. Lo ocurrido en días pasados con la elección de consejeros de la judicatura hizo inevitablemente que recordara a Thomas Douglas, y de manera especial su fábula Mouseland (si da click en este enlace es posible visualizar una simpática recreación de dicha fábula con subtítulos en español.
A decir verdad, seguido recuerdo esa fábula con muchas de las decisiones que se toman por parte del poder público en México. Aunque el trasfondo de dicha fábula, al parecer, trata sobre los trabajadores canadienses y la esperanza de que fuesen políticos ricos de los partidos liberal y conservador quienes se preocuparan por sus intereses, lo que vale la pena mencionar es que los ratones (ciudadanos votantes) elegían a gatos para que fuesen sus gobernantes.
El relato da a entender que los ratones cumplían cabalmente con su deber ciudadano y derecho a la vez, de ir a votar periódicamente, de tal manera que no parece que el abstencionismo fuera un problema. El problema estaba en que elegían gatos para que les gobernaran. Además, como dato peculiar, las leyes estaban hechas por los gatos. No le platico más de la historia que contiene la fábula para que, si no lo ha hecho, la disfrute junto con la recreación que puede consultar en el link que le facilito a través de esta columna.
Lo que vale la pena resaltar, a propósito de lo acontecido con la elección de consejeros, es que sigue pareciendo un misterio cómo hacer que nuestros gobernantes se encuentren sujetos a controles en su actuar, de tal manera que su discrecionalidad quede reducida a sólo entre elegir lo bueno y lo mejor, pues de pronto parece que todas las consecuencias por incumplimiento las tenemos los ciudadanos (declaraciones fiscales, reglas de tránsito, pagos de servicios públicos, etcétera).
¿Será qué la frustración y los esfuerzos de la ciudadanía no se están encaminando a resolver el problema de fondo?
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos
personales. Actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido
Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades
Federativas en el INAI y Director de Enlace Legislativo en SETEC, entre otros cargos.
