Con el voto de todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llamada “Ley Bonilla”, que autorizaría a Jaime Bonilla Valdez ejercer como gobernador de Baja California hasta el 2024, fue declarada como inconstitucional.
La Suprema Corte consideró que la maniobra, violaba tanto la Constitución, como la voluntad ciudadana en las urnas, pues el día de las elecciones, los bajacalifornianos votaron a una persona para un puesto y un periodo concreto, y de no hacerse así, se estaría violentando “el principio de certeza jurídica al alargar el periodo de gobierno una vez que ya había sido electo el gobernador” dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, tras la votación.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar destacó que la Ley Bonilla constituía un “gran fraude a la constitución y el sistema democrático”.
El punto sobre la reforma al artículo 8 de la Constitución de Baja California, fue sometido al escrutinio de los ministros, y echado abajo por unanimidad un lapso de dos horas, a través de una sesión virtual.
De este modo, el Congreso de Baja California deberá ajustar el mandato del gobernador para que concluya el 31 de octubre de 2021, tal y como fue electo.
En el estado del norte del país, las reacciones no se hicieron esperar, pues desde el mismo Gobierno Estatal lamentaron que la medida podría echar abajo planificaciones a largo plazo, sin embargo señalaron que acatarían el veredicto de la Suprema Corte.
La SCJN no ordenará elecciones en Baja California, sino que decretó un plazo de 140 para adecuar la Constitución del estado y dejarla tal y como estaba antes de las reformas.
