México no puede seguir manteniendo la ruta de la corrupción y de la democracia de cuates, hoy tenemos un enorme avance en materia legislativa que busca fomentar la cultura de la honestidad y el respeto al país, a nuestra constitución y sobre todo a los mexicanos que están al borde de la pobreza.
El Presidente de la República ha sido muy claro, se acabó el estado donde se permitía la impunidad a todos aquellos que han lacerado las finanzas públicas del país, por ello vamos a trabajar para que se castigue con mano dura a quienes quieran volver a intentarlo, y esto se trata de sentido común y de responsabilidad social.
Para lograr atender todas las necesidades públicas necesitamos incrementar la recaudación y para lograrlo es necesario que la evasión fiscal se termine, ya entre 2014 y 2018 más de ocho mil empresas han sido identificadas como evasoras fiscales, es decir que su principal actividad es vender facturas.
Esto equivale a que han sido casi nueve millones de facturas falsas las que han circulado y logrado su objetivo, no ingresar los impuestos que la ley marca como su responsabilidad, es entonces que la suma total de dinero asciende 1.6 billones de pesos, recursos que podrían beneficiar directamente a los mexicanos.
Por ejemplo con este dinero podrían construirse 221 hospitales, comprar 472 mil ambulancias, 6663 patrullas las cuales serían un cambio radical para la situación que enfrentamos de seguridad en México, 77 segundos-pisos como el del periférico o bien invertir en mejorar la movilidad de las grandes ciudades del país o 118 estadios para diferentes disciplinas deportivas, porque debemos recordar que cuando los jóvenes ingresan al deporte alejamos al futuro de México de las garras del crimen organizado.
Ahora bien, tenemos que ser muy claros para entender hacia dónde vamos, el objetivo es sancionar a los delincuentes fiscales que se dividen en dos los peligrosos que son grupos sofisticados dedicados a promover a evasión fiscal y los no peligrosos que se presentan cuando no hay planeación en los hechos delictivos.
Además de que con esta iniciativa vamos a poder identificar y procesar a los beneficiarios finales, al mismo tiempo se podrá conocer la ubicación de los bienes o recursos de las organizaciones, que servirán para reparar los daños masivos ocasionados al fisco federal, por lo tanto existe un alta posibilidad de utilizar la figura jurídica sobre la extinción de dominio.
De esta manera las empresas que tienen utilidades mayores a los ocho millones de pesos anuales, serán investigadas para evitar la evasión fiscal, y proteger al mismo tiempo a las pequeñas y medianas empresas para que continúen su camino para el crecimiento.
Desde el Senado de la República tenemos muy claro cuál es el mandato de los mexicanos, enfrentar la corrupción y la impunidad, para que podamos romper ese círculo vicioso al que se enfrenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
No podemos permitir que el poder político se quede postrado, de rodillas frente al poder económico que tenía estos esquemas de robo y saqueo a México, por ello estamos a la espera de que el dictamen correspondiente sea analizado en las comisiones de hacienda, justicia y estudios legislativos primera.
No vamos a doblegar la conciencia plena de construir un México mejor, con igualdades para todos y oportunidades firmes, que de verdad sean el vehículo para construir los sueños de todos, no es posible tampoco comprometer el futuro de las generaciones más jóvenes y para ello hemos tenido debates muy generosos en todas las materias, para que nuestra constitución retome su sentido de construcción de estado y que las leyes se cumplan para que seamos un país con más honestidad, solidaridad de los más pobres y con la suficiente fuerza para seguir en la ruta correcta, la cuarta transformación.
