Con los tan sonados nombramientos a modo que realizo el congreso del Estado de Jalisco respecto a dos consejeras y un consejero de la judicatura, en los que se saltaron no solo la convocatoria, sino la reforma al poder judicial y la Constitución local, al designar a tres personas que no alcanzaron el puntaje mínimo de 80 en el examen teórico practico, además de ignorar el informe con las opiniones técnicas emitido por el Comité de Participación Social, se evidenció que los diputados de verdad creen que contar con la facultad soberana de nombrar algunos cargos públicos es de ellos y para ellos y que siendo los reyes del parlamento, la ciudadanía no esta en posición de exigir un ejercicio de rendición de cuentas sobre sus decisiones, como académica estoy convencida de que todo ejercicio sirve para aprender algo, debemos realizar un acto reflexivo de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal, en este caso es preciso puntualizar lo siguiente:
La facultad soberana de realizar la designación de consejeros a la judicatura corresponde al Legislativo, sin embargo, esta facultad es una facultad reglada, lo que quiere decir que se deben respetar las reglas establecidas en los diferentes instrumentos de los que emana esta facultad (Constitución Local, la reforma al poder judicial y la convocatoria emitida y aprobada por el legislativo). Brincarse un requisito de los establecidos previamente es una ilegalidad, una irregularidad.
El legislativo deberá observar todos los insumos con los que cuente para tomar una mejor decisión y elegir a las personas con mayor mérito, capacidad e integridad, por ello la importancia de considerar de forma integral el informe con las opiniones técnicas del CPS, el examen teórico practico, las evaluaciones de control de confianza y la entrevista.
El legislativo debe acostumbrarse a los contrapesos existentes en el Estado, hoy el CPS es un contrapeso junto con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada, colegios de profesionistas y activistas; la crítica no es mala, nos hace crecer. Caer en la equivocación de contraatacar nunca abonará a la democracia. El legislativo debe comprender que papel del CPS es evidenciar los riesgos de corrupción existentes en este caso visibilizar que la captura de los puestos también es corrupción y que en este y otros procesos continuaremos evidenciando las irregularidades que se presenten.
Ahora es momento de que el legislativo reflexione, se avecinan nombramientos importantes para el estado y no deseamos que se repita el desaseo, la ilegalidad y la arbitrariedad con la que se nombraron a los tres consejeros de la judicatura, ahora más que nunca estaremos alertas del proceder del Congreso en materia de designaciones, hasta en tanto los legisladores no asuman como un compromiso real dar salida a la reforma 2.0 y con ello la propuesta de una Ley de Designaciones Públicas en el Estado, corresponde al CPS intervenir de manera activa en estos procesos, no cederemos este espacio y continuaremos siendo voz ciudadana.
