El Banco del Bienestar, la institución financiera con mayor presencia física en México, enfrenta una crisis de seguridad jurídica que pone en riesgo su operatividad. Una auditoría interna del propio Órgano Interno de Control (OIC), revelada este lunes, advierte que el 84% de sus sucursales operan sin contar con escrituras, contratos de donación o instrumentos legales que acrediten la posesión de los terrenos donde fueron edificadas.
De las 3,149 sucursales que atienden a cerca de 30 millones de beneficiarios, 2,319 presentan irregularidades críticas. Este vacío legal expone a la institución a posibles desalojos, litigios de propiedad y reclamaciones que podrían interrumpir la dispersión de programas sociales clave.
Un Plan de Expansión bajo la lupa
La problemática se concentra en las 2,750 sucursales construidas durante la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La auditoría, realizada en octubre de 2025 y cuyos efectos trascienden a este 2026, destaca que la velocidad de la obra civil no fue acompañada por la regularización administrativa.
De acuerdo con el informe, la naturaleza jurídica de los predios es diversa, lo que complica su regularización:
- Terrenos Ejidales: 791 inmuebles (29%) están en tierras de uso común sin títulos de propiedad.
- Ámbito Municipal: 1,216 terrenos pertenecen a ayuntamientos sin convenios vigentes.
- Propiedades Federales: 519 sucursales se ubican en predios de la Federación sin actas de asignación.
- Particulares y Estados: El resto se divide entre propiedades estatales (73), de la Ciudad de México (41) y hasta de particulares (83).
Riesgos de corrupción y parálisis operativa
El OIC subraya que esta carencia de títulos de propiedad “posibilita espacios a la corrupción” y genera una incertidumbre que impide al banco realizar inversiones en mantenimiento o ampliaciones. Además, 37 inmuebles que sí tenían documentos presentan contratos de comodato o actas de asignación ya vencidas.
“El Banco del Bienestar es hoy la red bancaria más grande de México, pero su infraestructura descansa sobre un terreno legalmente inestable. La regularización ya no es un trámite, es una necesidad de supervivencia operativa”, indica el reporte.
A medida que avanza 2026, la presión sobre la Secretaría del Bienestar y la dirección del banco aumenta, pues cualquier fallo judicial en contra de la posesión de un predio podría dejar a miles de personas sin un punto cercano para cobrar sus pensiones y apoyos federales.
