En una muestra de consenso poco frecuente, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad de 450 votos las modificaciones realizadas por el Senado a la reforma sobre delitos contra el medio ambiente. Con esta decisión, San Lázaro devolvió la minuta a los senadores insistiendo en los términos originales aprobados en noviembre de 2025, los cuales buscan endurecer las sanciones económicas y de prisión para frenar la impunidad ecológica.
La discrepancia entre ambas cámaras pone la reforma en la cuerda floja: si el Senado rechaza nuevamente la versión de los diputados, la iniciativa podría quedar congelada durante un año legislativo.
El conflicto: ¿UMA o “Días Multa”?
El punto de quiebre radica en cómo se calculan las sanciones económicas. Mientras el Senado propuso cambiar las multas al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), los diputados defienden el esquema de “días multa”.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, explicó desde la tribuna que las UMA representarían multas fijas que las grandes empresas podrían absorber simplemente como un “costo de operación”.
“La sanción no debe ser igual para todos, sino proporcional a los ingresos de quienes cometen el delito. El sistema de días multa permite que la sanción tenga un impacto real y disuasivo”, señaló el legislador de Morena.
Tala ilegal y tráfico de especies en la mira
La reforma al Código Penal Federal (CPF) busca castigar con mayor severidad prácticas críticas que azotan diversas regiones del país, tales como:
- Tala clandestina.
- Tráfico de especies protegidas.
- Uso indebido de sustancias peligrosas que contaminan suelos y mantos acuíferos.
Protecciones para comunidades rurales
Otro tema en disputa es el Artículo 418 del CPF. El Senado había añadido un párrafo para eximir de responsabilidad penal a campesinos, ejidatarios y comuneros que utilicen elementos naturales para necesidades básicas, como la cocina tradicional. Aunque esta medida buscaba un enfoque social, la Cámara de Diputados decidió mantener la redacción original para evitar ambigüedades legales, devolviendo la discusión a la cámara alta.
Con el regreso de la minuta al Senado, la presión recae ahora en los senadores para decidir si se pliegan a la visión de los diputados o si el endurecimiento de las penas ambientales se posterga hasta el próximo año.
