Un entramado de intimidación, violencia y presunta anuencia empresarial ha quedado al descubierto tras revelarse documentos que vinculan al crimen organizado con actos de represión contra los trabajadores de la Minera Camino Rojo. Documentos en poder de La Jornada y presentados ante tribunales federales, denuncian que la sección 335 del Sindicato Nacional Minero ha sido blanco de amenazas directas para influir en la vida sindical de la mina.
La organización gremial, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, ha solicitado el apoyo urgente de la Sedena y la Marina para salvaguardar la vida de los obreros, acusando que la empresa canadiense Orla Mining utiliza a grupos delictivos para amedrentar a los trabajadores.
El silencio institucional ante el narco
El conflicto escaló durante el proceso de recuento para definir la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Aunque el Tribunal Laboral Federal solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas para garantizar una votación sin violencia el pasado 22 de noviembre, la respuesta fue contundente: “no hay personal disponible”.
Por su parte, el Sindicato Minero denunció que la Secretaría del Trabajo (STPS) se ha negado a intervenir contra la empresa, bajo el argumento de que la presencia de delincuentes es un “asunto penal y no laboral”, ignorando fotos, videos y testimonios que demuestran que la minera hace pasar a civiles armados como supuestos proveedores.
T-MEC: El “efecto disuasivo” del miedo
El caso ha trascendido fronteras, llegando al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Expertos del panel señalaron que, aunque el voto fue libre en papel, existió un “efecto disuasivo de meses de amenaza” que favoreció al sindicato patronal.
Incluso, la propia Orla Mining admitió en informes preliminares su incapacidad para frenar la infiltración del crimen organizado, reconociendo que sus controles internos podrían ser insuficientes ante el riesgo de estas organizaciones.
Atentados y violencia física
La gravedad de la situación se materializó en el caso de Jaime Alberto Pulido León, integrante del comité local del sindicato, quien sobrevivió a un atentado en su domicilio. Un sujeto armado intentó ingresar a su vivienda en un acto denunciado directamente ante la sede de la compañía en Vancouver, Canadá.
A pesar de que los tribunales federales ratificaron la titularidad del contrato en favor del Sindicato Nacional Minero, la empresa se mantiene renuente a reconocer el fallo, prolongando un clima de inestabilidad que pone en riesgo la producción de oro y plata, pero sobre todo, la vida de los mineros en Zacatecas.
