En un fallo de alto impacto, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este viernes una importante victoria legal al presidente Donald Trump, al limitar la autoridad de jueces federales de distrito para bloquear a nivel nacional las decisiones del poder ejecutivo que consideren ilegales.
Con una votación de 6 a 3, donde los seis jueces conservadores se impusieron a las tres juezas progresistas, el máximo tribunal resolvió que este tipo de suspensiones universales “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
La decisión fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett, quien argumentó que:
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades. Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”.
Reacción de Trump: “¡Victoria Gigantesca!”
Minutos después del fallo, el presidente Trump celebró el dictamen en su red social Truth Social:
“¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, escribió, aunque la Corte no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de su decreto para abolir la ciudadanía automática por nacimiento.
¿Qué se resolvió exactamente?
El caso se centraba en el alcance de las “órdenes judiciales universales”, medidas que en el pasado han sido utilizadas por jueces federales para suspender temporalmente políticas presidenciales a nivel nacional mientras se resuelven en tribunales.
Con esta resolución, la Corte restringe significativamente la capacidad de un solo juez para frenar políticas de toda la administración federal, lo que podría reducir la capacidad del poder judicial de contener decisiones presidenciales de alto impacto, tanto de Trump como de futuros mandatarios.
Implicaciones para la separación de poderes
El fallo representa un giro jurisprudencial relevante que redefine el equilibrio de poderes entre la rama judicial y el Ejecutivo. Bajo este nuevo criterio, las decisiones judiciales tendrán un alcance más limitado, lo que podría acelerar la implementación de políticas federales aún cuando estén bajo litigio.
Este precedente también tendrá repercusiones en futuros desafíos legales contra políticas migratorias, regulatorias o de derechos civiles, donde tradicionalmente se ha acudido a jueces federales de distrito para frenar medidas presidenciales.
