Grupo Elektra, parte del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego, denunció haber sido víctima de un nuevo revés judicial que, según su comunicado oficial, forma parte de una serie de resoluciones “arbitrarias, ilegales y políticamente motivadas” por parte del Poder Judicial mexicano.
En un posicionamiento difundido este miércoles, la empresa aseguró que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una sentencia sin sustento legal y presuntamente alineada a una “agenda impulsada desde el Ejecutivo”.
Dos fallos adversos en una semana
Este nuevo fallo se suma a otra decisión judicial desfavorable recibida por Grupo Elektra en menos de una semana, y que, de acuerdo con la compañía, confirma un patrón sistemático de actuación judicial en su contra. En ambos casos, denuncian que se desestimaron pruebas fundamentales, como contratos mercantiles y estados de cuenta bancarios, y que se exigieron requisitos no contemplados en la ley fiscal vigente.
“Se trata de una sentencia que simula una motivación legal, pero que responde a una consigna política derivada de la reciente farsa electoral judicial”, señaló el grupo empresarial.
Acusaciones contra magistrados
Grupo Salinas nombró directamente a los magistrados Gustavo Roque Leyva, Manuel Monroy Álvarez y Karla Fernanda Fernández Barrios, a quienes acusa de actuar con sesgo jurídico y de utilizar criterios no reconocidos en la legislación para negar el amparo solicitado por la empresa.
Según su versión, estas decisiones judiciales constituyen una forma de “presión fiscal institucionalizada”, donde el sistema judicial ha dejado de ser un contrapeso constitucional para convertirse en una herramienta alineada con intereses políticos y recaudatorios.
Contexto: tensiones entre el Gobierno y Grupo Salinas
La denuncia pública de Elektra se enmarca en una larga disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reclama al grupo empresarial el pago de miles de millones de pesos en créditos fiscales. El caso ha escalado tanto en instancias judiciales como mediáticas, generando un tenso debate sobre el uso del sistema judicial para fines políticos o fiscales.
En el centro del conflicto también se encuentra el debate sobre la reciente renovación del Poder Judicial y la legitimidad de las decisiones que este toma en asuntos con alto impacto económico y político.
