La reforma que regula las condiciones laborales de los conductores y repartidores de plataformas digitales no elimina la flexibilidad del modelo de trabajo, sino que fortalece sus derechos y elimina abusos, aseguró este viernes el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Lo que buscamos con esta reforma es garantizar los derechos laborales sin quitarle a las personas trabajadoras la libertad de elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo trabajar. Ese ha sido uno de los principales reclamos del sector”, puntualizó Bolaños.
Autonomía y protección laboral, ejes clave
El titular de la STPS explicó que, pese a contar con reglas claras, los trabajadores seguirán gozando de autonomía. A partir de esta reforma:
- Se prohíben los cobros indebidos por el uso de la aplicación.
- Quedan eliminadas las restricciones arbitrarias para conectarse.
- No se permitirá la simulación de contratos civiles que impidan el acceso a derechos como seguridad social, Infonavit o antigüedad.
Asimismo, la reforma regula la gestión algorítmica, obligando a que las decisiones tomadas por los sistemas automatizados sean transparentes, comprensibles y justificadas.
“La desconexión inmediata por parte de las plataformas sólo será válida en casos graves, como fraude o riesgos a la seguridad, y siempre deberá notificarse de forma clara”, enfatizó Bolaños.
Reforma publicada el 24 de diciembre de 2024
El funcionario recordó que la reforma fue publicada el pasado 24 de diciembre y que representa el resultado de años de diálogo con empresas tecnológicas, trabajadores, el IMSS, el Infonavit y el SAT.
“Se trata de un avance histórico en el reconocimiento de los derechos laborales de quienes trabajan presencialmente a través de apps, como repartidores o conductores. Estamos sentando las bases de un modelo más justo, sin sacrificar la libertad de elección que tanto valoran estas personas”, concluyó.
Contexto: un paso hacia la formalización
Esta reforma responde a un entorno donde más de 500 mil personas en México trabajan mediante plataformas digitales, muchas de ellas sin seguridad social, sin contrato laboral ni mecanismos para exigir justicia ante abusos o despidos injustificados.
Con esta nueva legislación, el Gobierno de México da un paso hacia la formalización del trabajo digital, sin renunciar a su carácter flexible, lo que podría servir de modelo para otros países de América Latina.
