La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los gobiernos municipales y los congresos estatales no tienen facultades legales para imponer impuestos por la instalación de postes, antenas y ductos destinados a servicios de telecomunicaciones. Esta decisión reafirma que la competencia para regular y gravar este tipo de infraestructura corresponde exclusivamente al gobierno federal.
La resolución, que abarca una serie de controversias constitucionales interpuestas por diversos municipios del país —los más recientes de Coahuila—, sienta un precedente nacional que impacta directamente a los 2,477 municipios que conforman el territorio mexicano.
Municipios no podrán gravar instalación de infraestructura telecom
Empresas del sector de radiodifusión y telecomunicaciones han señalado que algunos gobiernos locales insisten en cobrar cuotas o impuestos por el uso de suelo, particularmente en lo referente al derecho de vía, lo que representa un obstáculo operativo y económico para el despliegue de infraestructura.
Por su parte, las autoridades municipales alegan que dichos cobros se basan en el uso de espacios públicos o en la realización de actividades lucrativas dentro de su jurisdicción. Sin embargo, la SCJN concluyó que estas prácticas violan el marco legal nacional, ya que la instalación de redes de telecomunicación es un asunto regulado exclusivamente por la Federación.
Nuevo marco legal en telecomunicaciones elevará costos para operadores
La resolución se da en un contexto crucial: a semanas de que el Congreso de la Unión apruebe un nuevo marco normativo en telecomunicaciones, que contempla, entre otras medidas, la obligación de soterrar la mayor parte de la infraestructura de redes.
Esta disposición preocupa al sector, pues soterrar un kilómetro de fibra óptica puede costar hasta 650,000 pesos, frente a los 80,000 pesos que costaba un kilómetro de tendido aéreo en 2023, sin incluir impuestos ni costos por permisos.
Impacto económico y regulatorio
La decisión de la SCJN elimina la carga fiscal local adicional para los operadores, pero el nuevo marco legal federal podría aumentar significativamente los costos operativos del sector. En conjunto, estos cambios están reconfigurando las condiciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones en México, en un momento en que la conectividad y digitalización son clave para el desarrollo económico.
