RUMBO MX STAFF
En un giro inesperado, un tribunal federal en Colima ha ordenado al Poder Ejecutivo abstenerse de publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito emitió hoy una suspensión provisional con el objetivo de detener el último paso de la reforma constitucional, ya aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.
La suspensión, supervisada por el Juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, estará vigente hasta al menos el 11 de octubre. Sin embargo, se anticipa que los poderes Legislativo y Ejecutivo federal no acatarán esta orden, como ha ocurrido con previas resoluciones judiciales en Morelos y Chiapas.
Las cámaras del Congreso sesionarán hoy para declarar completado el proceso de reforma, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planea publicar el decreto el 15 de septiembre, lo que permitiría su entrada en vigor al día siguiente. La violación de esta suspensión podría ser denunciada a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque en este sexenio no se ha actuado contra funcionarios señalados por conductas similares.
Este amparo fue promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que cuestiona tanto el contenido de la reforma como el procedimiento para su aprobación, alegando la caducidad del plazo que tenía la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero.
Aunque la Suprema Corte de Justicia ha declarado que los amparos contra el contenido de la Constitución son improcedentes, los jueces han argumentado que en este caso se está cuestionando un procedimiento aún no concluido. Los magistrados Joel Fernando Tinajero Jiménez, Martín Ángel Rubio Padilla y José David Cisneros Alcaraz, quienes han promovido amparos contra esta reforma, admitieron que estarían impedidos para conocer del caso, pero decidieron resolver el recurso de queja de la fundación debido a la falta de otro tribunal colegiado en Colima y porque el amparo pertenece a una asociación civil.
