Por: Eduardo González Velázquez
Desde mediados de los años ochenta, cada nuevo gobierno estadunidense se plantea, al menos discursivamente, la necesidad de sacar adelante una reforma migratoria. Desde la Ley Simson-Rodino durante la administración de Ronald Reagan, el Congreso y la Casa Blanca no han aprobado (aunque si han diseñado) un nuevo marco legal que permita la estancia regular de millones de personas migrantes que se encuentran en la Unión Americana. No falta, desde luego, en cada campaña electoral la cascada de promesas demócratas y republicanas de que ahora sí la reforma migratoria será una realidad. Con el pasar de los años únicamente han podido sacar adelante Acciones Ejecutivas como DACA o algunos programas de gobierno para aliviar un poco la vida migrante, pero que tan pronto nacen, mueren con la llegada de nuevas administraciones.
Lo que sí es una constante en los gobiernos sean burros o elefantes, son las disposiciones legales y las políticas públicas para incrementar la seguridad fronteriza, las redadas, las detenciones, las deportaciones, la criminalización y la discriminación de las personas migrantes.
Sobre esto último, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acaba de anunciar un programa piloto en Estados Unidos con el que se pondría bajo arresto domiciliario a cientos de migrantes atrapados al cruzar la frontera con México. El programa sería puesto en marcha por una empresa penitenciaria privada, con lo cual se mantendría la estrategia para ampliar y fortalecer el sistema penitenciario en manos privadas, y asegurar la presencia de ese sector para la aplicación de las leyes migratorias. El programa llamado “Toque de Queda en Casa” comenzará en Houston y Baltimore.
Sin duda, una de las peligrosas consecuencias de continuar poniendo en manos privadas a los migrantes detenidos, es que las detenciones se realicen bajo la lógica del lucro, y el tiempo de reclusión se mayor para obtener más recursos del Estado por los servicios carcelarios brindados.
El programa consiste en que los migrantes solicitantes de asilo inscritos en él sean confinados en sus hogares en la Unión Americana durante 12 horas al día y sean vigilados de manera electrónica mientras esperan sus audiencias judiciales para determinar su estancia en el país del norte. Los migrantes no podrán salir de sus casas de las ocho de la noche a las ocho de la mañana.
En este contexto, no solo llama la atención la poca capacidad política de Joe Biden para sacar adelante una reforma migratoria teniendo el control del Congreso, sino que el demócrata firmó un decreto pocos días después de llegar a la oficina Oval para eliminar gradualmente los contratos de prisiones privadas para las cárceles federales, y lo que hoy tenemos es mayor presencia de las compañías privadas en asuntos de detención de migrantes. Evidentemente la promesa no se ha cumplido. Además del incremento de migrantes detenidos en prisiones federales, actualmente hay 21 mil migrantes en centros de detención federales, frente a los 19 mil que había el 30 de septiembre de 2020.
Así las cosas, el tiempo sigue su marcha y lo que continúa apareciendo son políticas y programas de gobierno para seguir oscureciendo la dura realidad migratoria en Estados Unidos. Es evidente que gobierno y sociedad únicamente miran la manera de beneficiarse del trabajo y la riqueza que generan las personas migrantes allende el río Bravo, pero no hacen lo necesario para humanizar su estancia en el país de las barras y las estrellas.
Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
Twitter: @contodoytriques
