La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, que desde 1997 opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.
En un comunicado oficial, el pleno de nueve magistrados informó que, tras una amplia deliberación, resolvió declarar inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, así como sus adendas y la prórroga del contrato de concesión, en respuesta a dos demandas presentadas ante el máximo tribunal del país.
Las acciones legales fueron promovidas por el contralor general de Panamá, Anel Flores, quien el pasado 30 de julio interpuso una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad, sustentadas en los resultados de una auditoría entregada el 7 de abril. Dicho informe reveló, según el funcionario, “numerosas irregularidades” en el contrato, al que calificó como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.
Panama Ports Company administra los puertos de Balboa y Cristóbal desde hace casi tres décadas, en puntos estratégicos para el comercio internacional y el tránsito marítimo por el Canal interoceánico. La decisión judicial se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, luego de que Estados Unidos manifestara su interés en recuperar influencia sobre la vía acuática.
El fallo también impacta una operación internacional anunciada por CK Hutchison, que había acordado el traspaso de la concesión como parte de la venta global de más de 40 puertos, valuada en cerca de 23 mil millones de dólares, a un consorcio liderado por el gestor estadounidense BlackRock. Dicha transacción se ha visto frenada por China, en medio de su disputa estratégica con Estados Unidos.
Tras conocerse la resolución, el gobierno chino advirtió que tomará medidas para proteger los intereses de sus empresas. En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló que CK Hutchison considera que el fallo “va en contra de la base legal” bajo la cual Panamá otorgó los derechos de concesión y recordó que la empresa se reserva la posibilidad de acudir a instancias judiciales.
“El Gobierno chino adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, afirmó el vocero, sin pronunciarse sobre el contenido específico del fallo ni sobre las decisiones del poder judicial panameño.
La resolución de la Corte Suprema abre un nuevo capítulo en la administración de los puertos estratégicos del Canal de Panamá y podría tener implicaciones económicas, legales y diplomáticas de alcance internacional.
