La semana pasada el abogado general de.la UdeG, Juan Carlos Guerrero Fausto, anunció que la controversia entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco, por la reasignación presupuestal de 140 millones de pesos del presupuesto aprobado para 2021 para este Casa de Estudio, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde mi punto de vista se trata de una discusión de histórica trascendencia. Me explico: de lo que en su momento resuelvan los Ministros de la Corte, dependerá la salvaguarda de la autonomía, no sólo de la UdeG, sino de las demás universidades del país y de organismos constitucionales autonomos del país. Así de ese tamaño será el precedente.
Y es que lamentablemente se ha venido registrando una andanada en distintos estados en contra de las universidades, y por ello la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) levantó la voz, desde el primer momento, derivado de lo ocurrido contra la UdeG. En este mismo sexenio, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Colima también han sido objeto de este tipo de ataques a la autonomía universitaria.
¿Por qué digo que la discusión tendrá alcance nacional? Porque si se resuelve que el recorte presupuestal fue legal se abre una muy peligrosa Caja de Pandora. Es decir, se podría despertar la tentación de algunos gobernadores, de hacer lo mismo con otras universidades o hasta con organismos constitucionales autónomos. Si la Corte falla en favor de la UdeG, se instalaría una especie de dique contra estos ataques a la autonomía universitaria.
Considero que la razón legal está del lado de la Universidad de Guadalajara. Si el Consejo General Universitario ya avaló en su momento cómo y con cuánto recurso se ejercerán las partidas, alguien ajeno no puede cambiar ese diseño presupuestal. Y menos cuando está vigente el año del ejercicio.
Recordemos que el artículo 3 de la Constitución y el Artículo 49 de la Ley General de Educación – ambas de observancia para los gobiernos estatales y autoridades educativas- reconocen la autonomía de todas las universidades del país, la cual implica, por supuesto la autonomía presupuestal que se define como “la capacidad del órgano constitucional para determinar por sí mismo los montos económicos necesarios para cumplir con sus atribuciones. Es decir, sin que ningún órgano externo o gobierno pueda interferir en esa decisión.
Pero para dirimir toda duda, insisto, más allá de lo que muchos interpretemos, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida y por ende, se tendrá una resolución de impacto nacional. Hacemos votos para que las ministras y ministros reafirmen la protección más amplia de la autonomía universitaria, lo cual beneficiará, no sólo a la UdeG, sino a todas las universidades del país.
De ese tamaño es la discusión.
