La razón de ser de la Secretaría de la Función Pública es el control interno y la evaluación de la gestión en las dependencias de la Administración Pública Federal.
Se dice fácil, pero de esas dos grandes responsabilidades derivan una serie de disposiciones y procedimientos encaminados a erradicar las malas prácticas de las oficinas públicas, a través de la prevención, corrección y, en un extremo, la sanción, con la consecuente implementación de mecanismos orientados hacia una gestión ordenada de la función gubernamental.
Ante dichas responsabilidades, a principios de la semana pasada presentó su renuncia la titular de dicha dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. El mismo día de la renuncia se anunció que el reemplazo correspondiente sería Roberto Salcedo Aquino.
Entre las pocas personas que felicitaron la gestión de la funcionaria saliente fueron las conocidas como “intelectuales orgánicos”; sin embargo, gran parte de los comentarios en redes sociales y de las notas periodísticas relacionadas con la renuncia se encaminaron a hacer referencia a la nula contribución que la ex titular hizo en materia de combate a la corrupción, durante los casi tres años que ocupó el cargo.
Efectivamente, es innegable la relación directa de dicha dependencia con la política nacional anticorrupción y lo cierto es que, habiendo tenido en sus manos grandes casos documentados ampliamente por medios de información, la oficina a cargo de Sandoval Ballesteros no encontró responsabilidad alguna para los señalados, en el ámbito de los procedimientos burocráticos que atañen a la dependencia.
Pero ese no es un defecto que propiamente pueda ser atribuible a la persona que detenta esa responsabilidad. Lo anterior no es sorpresivo porque si los sujetos a investigación formaban parte de la misma estructura a la cual se encuentra adscrita la dependencia a cargo de la investigación (administración pública federal), ya tenemos un muy mal comienzo con un muy mal y anticipado final.
Independientemente de esta organización de la administración pública que no garantiza procedimientos sancionatorios imparciales, en lo personal, lo que capturó mi atención derivado de ese cambio en el gabinete fue una particularidad de dicha dependencia: si bien tiene una relación íntima con la política nacional anticorrupción, no es su responsabilidad exclusiva o toral el combate a la corrupción como tal.
Entonces: ¿qué pasó con los responsables de combatir la corrupción? Desde 2015 se creó toda una estructura, bases y procedimientos constitucionales tendentes a combatir la corrupción, en todos los niveles de gobierno, denominado “Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA).
Derivado de ello, como suele suceder en el sistema jurídico mexicano, se engrosaron en forma casi exponencial las leyes y demás disposiciones para regular esa materia.
De tal manera, uno pensaría que con el andamiaje creado desde 2015, los “corruptos” tendrían la justa consecuencia de sus actos u omisiones, lo cual me llevó también a buscar lo último que periodísticamente se ha dicho del SNA.
Cuál fue mi sorpresa al encontrar una nota de Milenio (la cual puede usted consultar dando click aquí), en la que se sostiene que son justamente las mismas instituciones que encabezan el SNA las que han ignorado la principal herramienta que se creó para operar dicho sistema, es decir, la Plataforma Digital Nacional.
Curiosamente, la nota menciona también que la Secretaría de la Función Pública ha cumplido en integrarse a dicha plataforma, pero parcialmente.
De ser así, tendríamos dos grandes plataformas inoperantes en este país. Una que se denomina Plataforma Nacional de Transparencia que lo que hace es aglutinar cantidades estratosféricas de información que a muy pocos les interesa (de lo cual un servidor ya escribió en una de mis entregas), y esta Plataforma Digital Nacional que ni siquiera la integran completamente los responsables de administrarla.
Siendo así, aun cuando la gestión de Sandoval pudiera ser objeto de muchos cuestionamientos, merecidos por cierto, también merecen una crítica las instituciones y mecanismos que fueron producto de una amplia demanda social para combatir la corrupción, y que fueron creadas para mucho más que formar parte de los elefantes blancos que ha producido México y que sólo cumplen una función de cumplir con las apariencias.
