La violencia, la brutalidad y el abuso de poder ha inundado las ciudades de Colombia.
Tras la aprobación de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, diversas manifestaciones estallaron a lo largo del país, convocando las primeras protestas el 28 de abril. Entre las aristas de dicha reforma tributaria estaba: un impuesto del 19% a la gasolina, ampliar la base tributaria al cobrar un impuesto sobre la renta a las personas que ganaran 700 dólares mensuales o más, un impuesto del 19% a los servicios públicos que reciben los vecindarios de clase media, y un gravamen a la riqueza para las personas cuyo patrimonio equivaliera a 1.3 millones de dólares o más. También se proponía gravar pensiones de más de mil 200 dólares.
El gobierno del presidente Duque argumentaba que necesitaba dinero para financiar y mejorar los servicios de salud, y para mantener la entrega de un ingreso básico que implementó por causa de la pandemia. Asimismo, con la propuesta del aumento de los impuestos, el Ejecutivo colombiano planeaba recaudar alrededor de 6 mil 300 millones de dólares para financiar proyectos sociales arraigados por la pandemia. Para justificar la reforma, se afirmaba que se necesitaba dicha recaudación debido al déficit fiscal del país, el cual estima fue de 7.8% del PIB en 2020, y que podría empeorar a 8.6% para este año.
Tras las continuas manifestaciones en contra de la mencionada reforma tributaria y del gran descontento social que esta generó, el presidente Iván Duque retiró la reforma y propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos. No obstante, los colombianos no cedieron y este jueves (6 de mayo) se convirtió en el noveno día consecutivo de manifestaciones en las principales ciudades del país, esta vez en reclamo del abuso policial y el exceso de fuerza utilizado para mitigar las protestas.
“Lo esperábamos, pero realmente no quedamos tranquilos, no sabemos qué pase. No sabemos qué otra propuesta tenga, qué otro nombre se le dé a esta situación. Nos preocupan muchas otras cosas más que todavía no están contempladas en este cambio”, dijo el lunes Ángela López, una de las manifestantes del domingo. Por otra parte, la líder estudiantil, Jennifer Pedraza, dijo a The Associated Press: “Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”.
Las protestas se han disparado en medio de numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Incluso, según la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril se han reportado 19 personas fallecidas y 85 personas desaparecidas. Y de acuerdo con el Ministerio de Defensa hay 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles. Sin embargo, ha sido difícil contabilizar el número real de víctimas derivadas de las manifestaciones y el exceso de fuerza para contenerlas; según testimonios y organizaciones no gubernamentales el número de víctimas puede ser mayor a 31 muertos, 1,443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.
Incluso las autoridades colombianas decidieron militarizar Cali, pero las manifestaciones han continuado, especialmente en zonas como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. Pese a ello, las manifestaciones se tornaron violentas, particularmente en ciudades como Bogotá, Cali y Pasto, en el centro y el oeste del país, no obstante, el exceso de fuerza y la brutalidad son completamente injustificables e inhumanos.
La respuesta del gobierno colombiano ante el descontento de la población claramente se reflejó al retirar la reforma. Aunado a la retirada de la reforma, este lunes el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia.
Sin embargo, existe otra cara de dicha respuesta: el presidente Duque exhortó a los políticos a unirse y diseñar otro plan fiscal. “Mi deber es el de convocar al país para rechazar la violencia, promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los más vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga como principio la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, dijo Duque en una declaración. “Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones, orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas sino nuestro más profundo patriotismo”, explicó.
La comunidad internacional ha seguido de cerca la grave crisis que actualmente atormenta a Colombia. Se ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, condenando los actos de violencia y exhortando el diálogo. Igualmente, la ONU y la Unión Europea han llamado a la calma y se han sumado a las denuncias de uso de la fuerza excesiva, acontecimientos que la Policía Nacional se comprometió a investigar. Encima, Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, imploró a las autoridades garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
Incluso personalidades colombianas como Shakira han alzado la voz ante esta brutalidad, tras el fallecimiento de compatriotas y grandes números de civiles heridos, la colombiana ha dicho ‘basta ya’ a través de las redes sociales. Incluso el artista paisa J Balvin le siguió la línea a Shakira, calificando como “guerra civil” la situación y afirmando que: “No hay palabras para describir lo que está pasando”.
La cuestión de esta situación tan abrumadora es que refleja el gran resentimiento social que existe en Latinoamérica; estas protestas se suman a lo sucedido en la “Primavera Latinoamericana” del 2019, en donde ciudadanos de países como Venezuela, Perú, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Chile, Bolivia e, incluso, Colombia, por una “gota que derramó el vaso” marcharon masivamente para expresar su descontento a los gobiernos por el estancamiento económico, corrupción y desigualdad. ¿Qué más tiene que pasar en Latinoamérica para que la situación cambie?
