Este martes se presentaron los resultados de la segunda edición de la ENCOVID-19, encuesta levantada por el Equide, Centro de investigación de la Universidad Iberoamericana. Los datos son alarmantes en términos de aumento de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las y los mexicanos, concentrándose las afectaciones más drásticas en los hogares más vulnerables.
Las mujeres del sector informal son las grandes perdedoras de esta crisis del COVID-19, el nivel de desocupación para las mujeres en la informalidad es de 7 puntos porcentuales por arriba de la desocupación en hombres de este mismo sector, según la encuesta.
Pese a que toda la cadena productiva se está viendo perturbada, las y los trabajadores de más baja remuneración son los que más han sido afectados por despidos o suspensión laboral. Esto implica una concentración de las pérdidas en la población más pobre.
Por otra parte, en mayo, 1 de cada 4 hogares contó con una menor cantidad y calidad de alimentos y el 93% de los encuestados cree que el costo de la canasta básica subió, lo cual se confirma con los datos oficiales.
Otro hallazgo relevante fue detectar que las personas han recurrido al endeudamiento para hacerle frente a la crisis; prestamos a conocidos, empeños, venta de objetos de valor y uso de las tarjetas de crédito son algunas de las estrategias que han emprendido las personas para sortear la baja de sus ingresos.
Las afectaciones en ingreso laboral, pérdida de los ahorros, afectaciones al patrimonio y aumento de la inseguridad alimentaria han tenido un efecto devastador sobre los hogares; una simulación realizada por el Equide estima que la pobreza puede llegar a niveles del 76.2%, cifra que supera, por mucho, las estimaciones previas sobre el incremento de la pobreza.
Los resultados de la ENCOVID-19 también muestran las consecuencias de la crisis sobre la salud mental, las cuales son tan preocupantes como los otros hallazgos; el 31.4% de las personas encuestadas presentaron síntomas severos de ansiedad, directamente correlacionado con pérdida de empleo o ingresos, una vez más, las mujeres tiene mayores niveles de ansiedad que los hombres.
El panorama que dibuja la encuesta es alarmante, tanto por los efectos inmediatos como por los efectos a mediano y largo plazo. La recuperación de los empleos perdidos y el retorno a los niveles de vida del 2018, se tardarán varios años en lograrse, pero la disminución en la calidad y cantidad de alimentos que se consumen actualmente en hogares con niñas y niños puede tener repercusiones en toda una generación.
Por esto, es necesario seguir señalando y exigiendo a los gobiernos, de todos los niveles, la implementación de acciones inmediatas que protejan el empleo formal, mediante subsidios temporales a la nómina de las empresas, dirigidas a trabajadores con más baja remuneración y de los sectores más afectados por esta crisis: turismo y servicios pueden ser los primeros en recibir estos apoyos.
Por otra parte, es indispensable que de forma ágil y transparente se emprenda una distribución de recursos a trabajadores informales, con perspectiva de género y criterios de identificación territoriales para garantizar un ingreso mínimo de protección que proteja la alimentación básica, sobre todo de los hogares con menores de edad.
Los análisis financieros para darle viabilidad a estas propuestas pueden surgir de un ejercicio colectivo que implicaría la transparencia y los datos abiertos de la información presupuestal. Varios organismos a nivel nacional han realizado estimaciones de la inversión que se requeriría para ello. Oxfam por ejemplo, ha estimado que, estos dos apoyos, en sus modalidades más acotadas, rondarían en los 188 mil millones de pesos; cantidad menor a lo que costará la refinería de dos bocas (190 mil millones de pesos) y cercano al costo del tren maya (139 mil millones de pesos).
La viabilidad financiera de estas medidas a nivel estatal, requieren más claridad y transparencia en torno al estado actual de las finanzas públicas y un replanteamiento de las prioridades para la contención de la curva económica, que de prioridad a los más vulnerables y despliegue acciones extraordinarias para llegar a los hogares más pobres del estado. La visión empresarial contribuirá a contener una pérdida mayor de empleos; la visión social deberá apuntar a proteger a los primeros que fueron ya expulsados por el sistema económico y que por sus débiles redes de apoyo o baja capacitación, tendrán efectos más duraderos y devastadores.
