Este miércoles inició la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso contra tres ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la pasada Administración por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivada de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.
Tras varias horas de desahogo de pruebas, los imputados Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo y Daviel Trujillo, solicitaron al juez un receso para continuar la audiencia de vinculación a proceso hasta el próximo lunes.
El Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos Navarro, concedió el término de 144 horas que contempla la Ley, y fijo el reinicio de la audiencia para el lunes 14 de octubre a las 10 horas.
Mientras tanto, dictó siguientes medidas cautelares consistentes en:
- La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;
- La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
- El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.
¿De qué se les acusa?
Según Miguel Castro, emitió varios cheques para organizaciones civiles en las que están: Fundación Civil para el Desarrollo Social y Comunitario, Carbono Vivo: Cambios que Inspiran Soluciones y Verde Milenio, los cheques otorgados rondaban entre los 200 y 400 mil pesos.
En el caso de Salvador Rizo, emitió tres cheques para tres distintas organizaciones entre ellas: Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario A.C., Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica y Colectivo Minerva A.C.
Rizo emitió cheques por montos respectivos por 299 mil, 269 mil y 299 mil pesos respectivamente.
En el caso de Daviel Trujillo, emitió cinco cheques para tres fundaciones con los montos referidos.
Algunos integrantes de las organizaciones civiles eran a la vez servidores públicos de municipios de Zapopan o del Gobierno del Estado.
Entre los beneficiarios de las asociaciones civiles estaban Seth Díaz Esquivel, quien era director de Ecología de Ixtlahuacán de los Membrillos y presidente de Carbono Vivo; Alina Hernández Castañeda, regidora del PRI de Tlaquepaque y presidenta de Fortasol AC; y Raúl Sánchez Jimenez, sub procurador de Investigación de Apoyo a Delitos federales de la Fiscalía General de Jalisco y tesorero de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica.
