Ahora que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsabilidad de evaluar la constitucionalidad de la Consulta para preguntarle a los mexicanos si desean que los ex presidentes sean juzgados, existe un solo plenipotenciario encargado de estudiar dicha petición, se trata del ministro Luis María Aguilar Morales.
Así pues, de la mano de Aguilar Morales ahora es la SCJN quien tiene en sus manos la última palabra sobre el ejercicio de participación ciudadana. El Órgano deberá resolver en no más de 18 días, si se avanza o queda como mera intención.
El ministro deberá analizar cada una de las palabras de la pregunta que estará presente entre las boletas que se entreguen el próximo año durante las elecciones.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El ministro revisará que esta pregunta no sea tendenciosa, ni que evoque juicios de valor sobre los mencionados.
Y es que el máximo tribunal del país, debe evaluar si con la sola pregunta se están dañando los Derechos Humanos de los mencionados, así como los principios que consagra el articulo 40 constitucional; los ingresos y gastos del estado en materia electoral; la disciplina de la Fuerza Armada Permanente, y la seguridad nacional.
Al respecto, el presidente AMLO señaló que el Órgano tendrá completa libertad para decidir si esta se realiza. La Suprema Corte también tiene la facultad de modificar la pregunta a fin de adecuarla al respeto a la constitución.
“No es como cuando nos negaron a nosotros la consulta sobre la Reforma Energética, que hubo consigna para que no se llevara a cabo. Ahora pueden tener la arrogancia si quieren sentirse libres, porque lo son. Va a depender de ellos que se declare constitucional y ya pase a las Cámaras y al INE, para prepararla“.
El presidente López Obrador destacó que la presentación de la solicitud al senado mexicano estuvo acompañada de más de 2 millones de firmas que respaldaban la “hazaña”.
Si la SCJN le da luz verde a la consulta y la califica como constitucional y no modifica en sí su texto, la Mesa Directiva del Senado deberá ser notificada de la resolución, la cuál tendrá que publicar en la Gaceta Parlamentaria, acompañado de un dictamen que deberá ser aprobado por ambas cámaras, para después pedirle al Instituto Nacional Electoral, a través de un decreto, la expedición de la convocatoria a la consulta popular, el cual también deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
