Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, compartió algunos de los casos de solicitudes de detención provisional con fines de extradición que México presentó a Estados Unidos, pero que fueron rechazadas o requirieron información adicional.

Mencionó que en total se formularon 269 solicitudes de 2018 a la fecha, de las cuales ninguna se concretó. De ellas, en 47 casos, Estados Unidos pidió a México presentar información adicional.

  • Entre los casos que reveló aparece Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, a quien se le imputan uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, Estados Unidos solicitó información adicional.
  • También mencionó a Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Inés Gómez Mont, a quien se le imputa delincuencia organizada, pero Estados Unidos rechazó la solicitud al considerar que no se trata de un delito violento.
  • Rafael Zaga Tawil señalado de delincuencia organizada, pero se solicitó petición formal por no ser delito violento.
  • Pablo Vega Cuevas, alias ‘El Transformer’, a quien se le imputa delincuencia organizada y se solicitó petición formal.
  • José Ulises Bernabé García, involucrado en el caso Ayotzinapa, de quien se solicitó información adicional y pruebas en su proceso.

Sheinbaum exige reciprocidad a la Casa Blanca

Frente al adverso balance presentado por el canciller Roberto Velasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un firme extrañamiento diplomático hacia Washington, demandando un trato equitativo en la entrega de fugitivos, considerando la velocidad con la que México procesa las peticiones de agencias como la DEA o el FBI.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme para que haya reciprocidad por parte de los Estados Unidos. Así como México atiende con agilidad y apego al derecho internacional sus solicitudes de detención y extradición, esperamos el mismo compromiso mutuo para combatir la impunidad de quienes huyen de las leyes mexicanas”, sentenció la mandataria.

El informe de la SRE pone en evidencia las tensiones técnicas en el Tratado de Extradición Bilateral, especialmente respecto a cómo la justicia estadounidense interpreta los delitos financieros y de delincuencia organizada de cuello blanco, abriendo un nuevo frente de negociación en la agenda de seguridad entre ambas naciones.