El activista mexicano Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), se encuentra en el centro de un histórico diferendo internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en su lista de personas bloqueadas tras acusarlo de colaborar de forma directa con una organización criminal, señalamientos que el defensor civil rechaza y califica como un intento de criminalización.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el pasado 16 de abril, marca un precedente sin parangón en la diplomacia binacional: es la primera vez que la administración estadounidense sanciona formalmente a un activista de derechos humanos en México bajo acusaciones de narcotráfico.
“Tengo 30 años de ser defensor”: Ramos responde a Washington
Raymundo Ramos se encontraba en su domicilio en esta ciudad fronteriza de Tamaulipas cuando su teléfono comenzó a saturarse con llamadas y mensajes de familiares y colaboradores consternados ante la alerta emitida desde Washington.
En entrevista para la agencia AFP, Ramos defendió las tres décadas de trayectoria de su organización civil, la cual se ha especializado en documentar y denunciar abusos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina Armada de México.
“Lamento decirles que tengo 30 años de ser defensor de derechos humanos. Han intentado criminalizarme en el pasado, pero no lo han logrado”, respondió de manera tajante el activista, atribuyendo los cargos a represalias por su labor de fiscalización contra los cuerpos castrenses.
Los argumentos del Departamento del Tesoro
De acuerdo con el comunicado oficial de la Casa Blanca, el gobierno norteamericano sostiene que Ramos Vázquez “encabeza la campaña de desinformación de dicha organización criminal contra las autoridades mexicanas, mientras se hace pasar por un supuesto activista”.
El Departamento del Tesoro endureció sus señalamientos al asegurar que el comité civil opera con una agenda selectiva:
- Defensa delictiva: “Defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel con denuncias falsas contra las fuerzas armadas mexicanas”.
- Protestas financiadas: El Tesoro afirma que Ramos paga a personas para asistir a manifestaciones públicas y que utiliza la bandera de los derechos humanos para “proteger la reputación de miembros del cártel muertos o detenidos”.
Silencio institucional en el Gobierno Mexicano
A pesar del impacto político que implica que una agencia extranjera catalogue a un defensor civil mexicano como operador del narcotráfico, el Gobierno Federal de México no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a las sanciones de la OFAC. De igual forma, la Sedena, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) guardaron hermetismo ante las peticiones de comentarios por parte de la prensa.
Cabe recordar que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo encabezó en 2023 la batalla legal y las movilizaciones ciudadanas por el asesinato de cinco jóvenes a manos de militares cuando regresaban de una fiesta en dicha frontera. El caso derivó en una sentencia histórica donde cuatro soldados mexicanos fueron condenados a más de 40 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en los homicidios.
El congelamiento de los activos financieros de Raymundo Ramos abre un complejo debate sobre la confiabilidad de los informes de inteligencia binacional y la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en las zonas con mayor presencia del crimen organizado.
