El actual proceso de designación de tres titulares del Consejo de la Judicatura estatal perfila un horizonte que puede ser muy prometedor, en la medida que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (CPS) y el poder legislativo, en el ámbito de su particular intervención y atribuciones, realicen un trabajo con perspectiva de rediseño del Poder Judicial de la entidad.
Entre los pilares que necesariamente deberán dar sustento a las designaciones correspondientes se encuentra la relación o convivencia que los candidatos hayan tenido con la transparencia en términos generales y, de forma específica, con la transparencia jurisdiccional.
Es cierto que dos de las tres plazas sujetas a concurso son de origen ciudadano, por lo cual no necesariamente los postulantes tendrían que demostrar experiencia como sujetos obligados de las leyes de transparencia; sin embargo, lo que sí es factible es profundizar en la óptica que los participantes tengan de ese gran tema, pues al expresar su voluntad de participar para acceder al cargo es lógico pensar que conocen sus implicaciones, entre ellas, la transparencia como parte de su quehacer diario en caso de obtener la designación correspondiente. La transparencia, pues, como política del desarrollo de sus atribuciones durante su encargo.
En opinión de algunos, lo anterior parecería una obviedad. Dejaría de parecerlo si tuviéramos conciencia de la increíble cantidad de servidores públicos, de distintos ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) y niveles jerárquicos, cuya “política de trabajo” sigue siendo la opacidad, bajo pretendidos argumentos que van desde un burdo cuestionamiento sobre el uso que el particular le dará a la información solicitada, hasta una aparente complicación para dar respuesta por insuficiencia de recursos humanos y/o materiales al interior de la dependencia, como si aún conservaran la esperanza de “salvarse” de cumplir con sus responsabilidades en la materia.
En ese sentido, me parece que este ánimo de los candidatos con respecto a la transparencia puede ser evidente o, al menos, dar algún indicio, en tres momentos que a continuación explico. Aclaro que lo siguiente es enunciativo de mi parte, mas no limitativo, por lo que invita a la reflexión y eventual consideración.
- Verificación de la experiencia profesional y formación académica. Un factor que puede dar nota de la relación de las y los candidatos con la transparencia es la experiencia previa que demuestren. Esto puede ser a través del natural bagaje que provee laborar al interior de algún sujeto obligado o bien, por contar con algún manuscrito u otro tipo de participación relacionadas con el tema. Cabe mencionar que este rubro no forma parte de los criterios para la elaboración de la opinión técnica de evaluación de los perfiles de las y los aspirantes a ocupar los cargos, por lo cual no podría ser objeto de evaluación con alguna puntuación específica.
- Contenido de la propuesta de trabajo y de las razones de idoneidad. El plan de trabajo del aspirante es de libre elaboración, lo cual significa que su formato y contenido son abiertos. Independientemente de lo anterior, el plan de trabajo de todos los candidatos deberá explicar los objetivos que perseguirá durante el ejercicio de su cargo, y las actividades que habrá de desarrollar para lograrlos. En forma muy ligada a lo anterior se encuentran las razones de idoneidad, que no son otra cosa más que la exposición que el aspirante tratará de hacer para convencer, en última instancia, a la legislatura estatal, de que sus cualidades y atributos son los óptimos para lograr desde el Consejo de la Judicatura ese rediseño del poder judicial que anoté en líneas anteriores.
- Entrevista. De ser invitados por la comisión legislativa competente a la entrevista pública que se debe realizar a cada aspirante, los integrantes del CPS tendrán una gran oportunidad para ahondar en la perspectiva que los aspirantes puedan tener acerca de un poder judicial transparente. Ya sea que lo hayan plasmado o no en su propuesta de trabajo, la entrevista es un buen momento, previo a la designación, que puede dejar entrever si dentro de las prioridades de las y los candidatos se encuentra la transparencia como política pública del ejercicio de su cargo.
Hubiese estado agradecido de ser invitado a acompañar este proceso de designación con la opinión sobre esta faceta de las personas aspirantes a ser parte del Consejo de la Judicatura, derivado de mi propia experiencia en distintos ámbitos del servicio público relacionados directamente con el derecho de acceso a la información y la función jurisdiccional; no obstante, por razones que desconozco, estos procedimientos suelen contener el vicio de ser restrictivos y poco democráticos a la hora de invitar a personas que puedan realizar este tipo de acompañamiento, pues aún se atiende a la fórmula de privilegiar la invitación a las instituciones para que designen a algún participante, dejando de lado a personas que, más allá de si pertenecen o no a una institución que las cobije, podrían aportar opiniones valiosas para elegir a las y los mejores.
Por todo lo anterior y muchas otras razones puede ser éste un procedimiento que arroje valiosas reflexiones, no sólo estrictamente relacionadas con la designación de los servidores públicos de quien se trata, sino también con respecto a la forma de llevarlos a cabo.
