El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó este lunes la primera impugnación formal para exigir la nulidad de la elección judicial realizada recientemente en México. La dirigencia del tricolor argumenta que el proceso estuvo plagado de irregularidades y violaciones a los principios constitucionales, por lo que demanda que se reponga el proceso electoral.
En conferencia de prensa desde la sede nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, anunció la presentación de un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Esta elección judicial fue una imposición clara desde el poder. No se fortaleció el Estado de derecho, se vulneró”, declaró Moreno.
Impugnación ciudadana ante proceso inédito
Cabe destacar que la impugnación fue promovida a título ciudadano, ya que en esta elección judicial no hubo participación directa de los partidos políticos. Sin embargo, senadores y diputados federales del PRI respaldaron públicamente la acción legal interpuesta.
La dirigencia priista acusa que durante el proceso electoral se registró propaganda encubierta por parte de la 4T y Morena, así como un uso indebido de recursos del Estado y acordeones que presuntamente inducían el voto a favor de candidatos afines al oficialismo.
“Quienes aparecían en los acordeones ganaron la elección. Se violó la equidad en la contienda”, subrayó Moreno Cárdenas.
PRI exige reponer el proceso electoral
En su demanda, el PRI solicita al TEPJF que declare la nulidad total de la elección judicial y ordene su reposición bajo condiciones de legalidad, imparcialidad y transparencia.
El líder tricolor insistió en que “esta elección no representa un avance democrático, sino una regresión disfrazada de participación ciudadana”.
Contexto: Elección judicial inédita en México
Esta impugnación se da en el marco del primer proceso de elección judicial por voto directo en la historia del país, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal que ha generado opiniones divididas. Mientras el oficialismo lo celebra como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, la oposición lo considera una estrategia de control institucional desde el Ejecutivo.
