- Columna de opinión.
- Escrita por: Karla Gabriela Villaseñor Torres.
La salida de Jalisco del pacto fiscal tendría importantes implicaciones económicas, políticas y sociales tanto para el estado como para el país. Este movimiento, que implica que Jalisco deje de transferir sus ingresos tributarios al Gobierno Federal y administre directamente sus recursos, generaría impactos significativos en varias áreas clave.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha planteado la posibilidad de salir del pacto fiscal como una demanda de mayor justicia en la distribución de recursos federales. Argumenta que Jalisco aporta significativamente a la recaudación nacional, pero recibe menos en proporción a lo que genera. Todo esto mencionado durante la conferencia de prensa del pasado 19 de noviembre del 2024, donde hizo llegar su propuesta al poder legislativo del estado de Jalisco.
Desde su inicio como gobernador, Alfaro ha sostenido que Jalisco aporta más al erario federal de lo que recibe a cambio en forma de participaciones y aportaciones. Esto lo ha llevado a impulsar la revisión del pacto fiscal, un acuerdo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el que los estados ceden la mayoría de sus ingresos tributarios al Gobierno Federal, que los redistribuye según fórmulas específicas.
Enrique Alfaro plantea que, si no se logra una renegociación del pacto fiscal para garantizar una distribución más justa de los recursos, Jalisco podría optar por administrar directamente sus ingresos. Esto implicaría salir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, un movimiento sin precedentes en la historia contemporánea de México. Además, hace un énfasis particular en que no solamente es la salida del pacto fiscal, sino también la independencia en el sistema de salud y el educativo. Esto puede abrir la ventana a Jalisco para mejorar completamente al estado, sin embargo, también es importante señalar que todo movimiento generará un impacto, será interesante analizar sí lograrán contrarrestar un posible impacto negativo económico y laboral.
Jalisco, siendo uno de los estados con mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, dejaría de contribuir al fondo común de la Federación, lo que podría provocar un desbalance en las finanzas públicas del país. En el modelo actual, el Gobierno Federal redistribuye los recursos recaudados a través de participaciones y aportaciones para garantizar equidad entre las entidades federativas, especialmente las menos desarrolladas. Si Jalisco abandona este esquema, otros estados, particularmente los que dependen más de los recursos federales, podrían enfrentar reducciones presupuestales significativas.
Para Jalisco, gestionar sus propios recursos significaría un aumento en su capacidad de inversión y autonomía financiera. Sin embargo, el estado tendría que asumir mayores responsabilidades, como el mantenimiento de servicios públicos esenciales que actualmente son financiados parcialmente con recursos federales. Esto incluye áreas como salud, infraestructura y seguridad. Además, el estado enfrentaría posibles sanciones fiscales o legales, así como restricciones en el acceso a fondos federales.
La decisión de salir del pacto fiscal generaría tensiones entre Jalisco y el Gobierno Federal, además de sentar un precedente para otros estados que pudieran buscar una mayor autonomía financiera. Esto podría desencadenar un efecto dominó, fragmentando el sistema de coordinación fiscal en el país. Estados con economías fuertes, como Nuevo León y Guanajuato, podrían seguir el ejemplo de Jalisco, debilitando aún más las finanzas públicas nacionales. Durante la conferencia de prensa del gobernador, invitó a dirigentes estatales a unirse a su propuesta de independizarse y de demostrarle al gobierno federal que no volverán a permitir atropellos e injusticias presentadas en años anteriores.
Desde una perspectiva constitucional, el pacto fiscal está respaldado por las leyes federales, lo que significa que la decisión de Jalisco enfrentaría impugnaciones legales. Esto llevaría a una confrontación entre las autoridades estatales y federales, dificultando el diálogo y la cooperación intergubernamental.
A nivel local, los habitantes de Jalisco podrían beneficiarse de una mayor inversión en infraestructura y servicios, siempre que la administración estatal logre manejar eficientemente los recursos. No obstante, también existe el riesgo de que la carga fiscal aumente para cubrir gastos que anteriormente eran financiados por el Gobierno Federal.
En el plano nacional, la desigualdad regional podría agudizarse. Los estados menos desarrollados, que dependen en gran medida de las transferencias federales, podrían enfrentar un deterioro en servicios públicos esenciales y una mayor desigualdad económica. Esto podría intensificar las tensiones sociales y políticas entre las regiones del país.
Asimismo, la salida del pacto fiscal requeriría que Jalisco establezca su propio sistema de recaudación, lo que implica costos administrativos y posibles dificultades en la implementación de políticas fiscales locales. Sin embargo, algo muy importante de entender es que Jalisco es un estado que tiene un alto impacto en la economía y las dirigencias deberán de administrarlo de una forma ética, legal y justa. Sí, Jalisco sí puede lograr la estabilidad que busca, pero es importante señalar hasta en mayúsculas, que sí o sí deberán de tener un alto nivel de responsabilidad para administrar correctamente los recursos con un órgano de transparencia.
La salida de Jalisco del pacto fiscal sería un movimiento disruptivo con repercusiones de largo alcance para México. Aunque logrará otorgar al estado mayor control sobre sus recursos y fortalecer su economía local, también generaría tensiones legales, políticas y sociales tanto a nivel estatal como nacional, pero no hay mayor oportunidad de crecimiento que retirarte de una federación que no actúa de una forma justa ni ética, que la corrupción ha invadido a los diferentes órganos administrativos federales y que perjudican directamente a los ciudadanos, y en este caso a Jalisco. A nivel social, las declaraciones de Alfaro han sido bien recibidas por ciertos sectores de la población jalisciense, que perciben que el estado es tratado injustamente. La medida pondría a prueba la viabilidad del actual modelo de coordinación fiscal en el país y podría desencadenar un debate nacional interesante sobre la distribución de recursos y la autonomía de los estados.
