Producto de los índices delictivos en la entidad, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dejó de garantizar un servicio adecuado y quedó rebasado. Por eso la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura señaló que es prioritario garantizarle una infraestructura con personal calificado, así como de dotarle de recursos, equipo, materiales y fuentes de información para desahogar el almacenamiento de cadáveres.
La Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante los medios de comunicación, un exhorto al Gobierno de Jalisco con el objetivo de exigir el cumplimiento y garantizar los procesos de identificación, preservación y resguardo adecuado de los cadáveres almacenados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)que, desde septiembre de 2018, atraviesa una crisis, en parte por la densa carga de trabajo, que ha derivado en una omisión del respeto de los Derechos de las Víctimas y sus familiares.
Ante la actual crisis forense, derivada de la incesante violencia que prevalece en el Estado de Jalisco, la legisladora federal presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador Enrique Alfaro, a que dé inmediato cumplimiento a los objetivos de las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación, identificación y entrega de cuerpos, siempre con el respeto irrestricto de sus derechos.
Lo anterior, en respuesta a la negativa del mandatario jalisciense para reconocer que existe una crisis forense, misma que encuentra su origen en la incesante ola de violencia e incidencia criminal que atraviesa la entidad, producto, principalmente, de la presencia de grupos delictivos. Actualmente el número de homicidios dolosos registrados en la entidad superan los 1 mil 260, traduciéndose en un promedio de 5 personas asesinadas diariamente.
La Diputada Laura Imelda Pérez Segura, a su vez, destacó que la presente crisis ha traído consigo importantes violaciones a los derechos humanos, siendo la incineración de cuerpos sin identificar, la más grave de todas. Ya que, en el periodo comprendido de 2006 a 2015, cerca de 1 mil 430 cuerpos fueron incinerados y no se les llegó a tomar muestras de tejido orgánico para la obtención de un perfil de ADN.
Esta práctica, actualmente considerada ilegal, según lo estipulado en el artículo 128 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, viola los derechos de las víctimas y sus familiares, al imposibilitar futuras identificaciones y negar una restitución digna.
Esta mala gestión en las labores del IJCF se debe, en gran medida, a la actitud irresponsable de la autoridad estatal al no otorgarle el debido interés y dar una rápida solución a la excesiva carga de trabajo que presenta la institución.
Ante esto, resulta necesario también que el ejecutivo estatal reconozca que la crisis forense violenta derechos humanos, tales como:
• Derecho a la dignidad humana.
• Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Es a razón de estas causales que la legisladora exhortó de igual modo, a la Fiscalía General de la República, para que en coordinación con su homóloga estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen estas presuntas violaciones a derechos humanos; así como los posibles actos de negligencia en los que haya incurrido el gobierno de Jalisco en materia de identificación forense durante los últimos años
