Han transcurrido dos semanas de las elecciones del pasado 6 de junio, y a la distancia valdría la pena hacer un breve recuento del resultado de la contienda, algunas hipótesis sobre la conducta del electorado jalisciense y concluir con algunas preocupaciones que no debemos echar en saco roto.
Después de dos meses de campañas, en Jalisco se eligieron alcaldes para cada uno de los 125 municipios y de manera directa a 20 diputadas y diputados que integrarán el Congreso del Estado. Según los resultados, los partidos Movimiento Ciudadano, MORENA y el PAN se han convertido en las expresiones políticas con mayor presencia en el estado, ya que gobernarán la mayoría de los cabildos y representarán los distritos locales de la entidad.
En el área metropolitana de Guadalajara, Movimiento Ciudadano gobernará la mayor parte de los ayuntamientos que conforman la ciudad. Simultáneamente, el proyecto naranja tiene un retroceso al perder ciudades importantes del interior del estado como Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Ocotlán; y retroceden presencialmente en otras regiones como las zonas de los altos y el sur de la entidad.
MORENA y el PAN ganan influencia fuera de Guadalajara, y el PRI pierde más municipios en sus bastiones tradicionales como la zona Ciénega y la Sierra del Tigre.
En el terreno legislativo, es indiscutible destacar que por primera vez en la historia política del estado se contará con 24 legisladoras de un total de 38 integrantes del Congreso. Esto significa que fue muy positivo que el órgano electoral haya ponderado el principio de paridad a través de acciones afirmativas que obligaron a los partidos registrar candidatas para puestos de elección popular. Esto trajo como consecuencia que las congresistas tendrán un rol más visible en el trabajo legislativo.
Sobre el espectro político, Movimiento Ciudadano se mantiene como primera fuerza política ya que tendrá 16 legisladores; MORENA mantiene su segunda posición al contar con 8, seguido del PAN con 5, el PRI con el mismo número de escaños, HAGAMOS con 2 y finalmente los partidos Verde y Futuro con un escaño respectivamente.
Esta numeralia tiene múltiples interpretaciones. Una que más resalta, es la diversidad política que la ciudadanía apremia más allá del partido. Esto significa que la sociedad puede estar votando de acuerdo a premiar o castigar al personaje que abraza una opción partidista. Para el caso de Jalisco, podemos ver cómo en el área metropolitana de Guadalajara mucha de la votación se hizo pensando en premiar/castigar al gobernador, premiar la gestión de Pablo Lemus en Zapopan, o premiar/castigar al presidente de la república.
Este comportamiento electoral también se vio en al interior del estado, donde en algunas regiones se resintió el abandono del gobernador y la mayor presencia del presidente a través de los programas federales; o el surgimiento de algunos liderazgos locales que construyeron narrativas en contra de cacicazgos robustos, pero si lo notan, la decisión electoral sigue estando en función de la o el candidato y no de un partido.
Otra reflexión que deberá partir después de estos resultados es, sin duda, el acceso de las mujeres al poder institucionalizado, particularmente en el Congreso. 24 legisladoras serán las que determinen el rumbo de la agenda de contrapesos, tomando en cuenta que la Junta de Coordinación Política – el máximo órgano de decisiones del poder legislativo- estará conformada en su mayoría por mujeres. Esto es un avance que trasciende al parlamento. Falta que a los partidos se les siga obligando a que cumplan con el mismo principio para que existan más alcaldesas en las ciudades relevantes de la entidad, como Guadalajara y Zapopan, y no las manden a competir a municipios donde tienen pocas oportunidades de ganar.
Por último, no obviamos que este año electoral fue sangriento y marcado por la inseguridad. La violencia sigue azotando con mayor fuerza a la entidad y llegamos a tal grado de que en Jilotlán de los Dolores, las y los candidatos no tuvieron la oportunidad de hacer una campaña por temor a perder la vida. El órgano electoral local se ha pronunciado incapacitado para determinar qué hacer en tal municipio, y serán los tribunales quienes resolverán el fallo final para garantizar el derecho humano que tienen los habitantes de Jilotlán para elegir a su alcaldesa o alcalde. Esta es una muy mala noticia porque es un escenario que profundiza un atentado en contra de lo que se esperaría de la democracia ejercida con libertad.
Ahora queda darle un seguimiento a la agenda de gobierno y la legislativa para los próximos tres años.
