Por: Dra. Lucía Almaraz (@DraLuciaAlmaraz)

En Jalisco nos encontramos ante la ausencia de una ley que tenga como principal objetivo establecer los lineamientos, procesos, principios y los organismos que intervendrán en la designación de funcionarios que aspiren a ocupar puestos de decisión.

Esta ley tendría que obligar a los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) a sujetar sus procesos de elección a esta normatividad.

Es una necesidad plenamente identificada que debe existir este tipo de legislación en Jaliscos, ya que de manera aislada en diversas normatividades locales se encuentran “regulados” los procesos de designación para diversos cargos, de ellas se advierte que no existe una homologación en los procesos para tal efecto, lo que origina en muchos casos discrecionalidad en la elaboración de la convocatoria, en la intervención de los órganos que participaran en el proceso de selección y sobre todo en la discrecionalidad en la asignación de cargo.

Algunos procesos son verdaderos ejemplos de opacidad, falta de transparencia, irregularidades, discrecionalidad y hasta nepotismo.

Las designaciones públicas son los procesos que realizan los poderes (Congreso del Estado, Ejecutivo Estatal y Supremo Tribunal de Justicia del Estado) para elegir a los titulares de los órganos más importantes del Estado; aquellos que llevan a cabo la organización de las elecciones, la protección de los derechos humanos; la garantía del derecho a la información o la administración de justicia, al menos así lo conceptualiza la organización designaciones.org.

¿Por qué es importante contar con una ley de designaciones en Jalisco?

Esta normatividad ayudaría principalmente a establecer en ley los mecanismos y procesos y con ello evitar la discrecionalidad de quienes estén a cargo las designaciones, por otro lado, en esta legislación deberá considerar la participación ciudadana incentivando la deliberación pública que fortalezca la independencia e imparcialidad de los órganos públicos.

Es importante que la ciudadanía comencemos a involucrarnos en estos procesos, por ello deberá establecerse como una obligación generar la información necesaria de fácil acceso que permita al ciudadano comprender la relevancia de esos procesos.

Debemos resaltar que quien sea designado deberá contar con dos características: mérito y capacidad, esto implica contar con expertis en el campo y con altos conocimientos en el área, esta combinación es la perfecta para que personas con estos rasgos asciendan a cargos públicos de alta responsabilidad, evitando con esto las designaciones a amigos, compadres, familiares, compromisos políticos, en pocas palabras evitar cuates y cuotas.

Existen algunos estándares mínimos según la organización “Designaciones.org” que pueden considerarse para llevar a cabo un proceso limpio, mencionaré solo alguno de ellos:

• Cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución, es decir cumplir con los requisitos de elegibilidad.
• Establecer procedimientos específicos para cada designación.
• En convocatorias deben establecerse fechas y plazos específicos, esto particularmente deben ser plazos amplios, que permita a los aspirantes conocer la convocatorias, pero también reunir los documentos necesarios, evitar en todo momento plazos reducidos y convocatorias dirigidas solo para algunas personas, hemos detectado que en muchos casos los aspirantes ya tienen previamente elaborado su expediente con documentos debido a que fueron advertidos de la emisión de la convocatoria, los plazos reducidos implican que el resto de los aspirantes se vean obstaculizados a hacerse llegar de todos los documentos debido precisamente a lo reducido del plazo.
• Máxima publicidad durante todo el proceso, desde la emisión de la convocatoria, audiencias públicas, publicaciones de expedientes de candidatos, publicidad en los mecanismos de evaluación y de resultados, sin embargo, en este punto en particular las audiencias y/o entrevistas que se realicen deben ser de calidad y no solo por cumplir con el requisito, ya hemos visto que en caso de las comparecencias ante el Congreso del Estado, solo son una pasarela de aspirantes, ya que los diputados no toman en serio las entrevistas a los candidatos, hemos advertido que los diputados no asisten, o no ponen atención al aspirante, no realizan preguntas ya que les urgen que las comparecencias concluyan porque les absorben tiempo, es evidente en muchos de los casos su falta de interés en la exposición del aspirante.

¿Cuál ha sido la intervención de organismos ciudadanos en procesos de designación?

El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción ha participado en varios procesos a cargos públicos, la experiencia no siempre ha sido grata, nos hemos enfrentado a procesos en los que todavía se cuentan con vicios y viejas prácticas.

La forma de participación es a través de la emisión de opiniones técnicas en el que se incluye el ranking de evaluación por puntaje, en la lógica del CPS los mejores evaluados deben ser las personas que sean designadas a los cargos públicos, no siempre ha sido así, y eso es lamentable, no aspiramos a participar en todos y cada uno de los procesos de designación que se lleven a cabo de hecho esa no es la naturaleza del CPS, hemos decido entonces en tanto no se haga realidad la ley de designaciones en el Estado participar bajo las siguientes dos premisas:

a) Que la ley establezca la participación del CPS en el proceso.
b) Que el proceso de designación tenga vinculo con el Sistema Estatal Anticorrupción.

c) Esperar que el CPS otorgue “legitimidad” a todos los procesos de designación y que por ello sea invitado, es una equivocación, deberá entonces quedar claro para todos aquellos que tengan esa perversa intención que no será así y con ello comprender que deben entrar a la nueva lógica ciudadana, en la que ya no estamos ya dispuestos a tolerar discrecionalidad, opacidad, falta de transparencia y nepotismo de quienes en este momento cuentan con la facultad de designar a sus funcionarios públicos de alto nivel, porque también eso es corrupción particularmente conceptualizada como “la captura de puestos”.