Dice un buen amigo que lo mejor es el libre albedrío, no porque nos autorice a hacer lo que nos venga en gana, sino porque nos permite rechazar lo que no conviene.
La frase tiene una gran sabiduría intrínseca porque atribuye un grado de responsabilidad a toda persona que pretenda ejerce su libertad.
La presente administración, de forma más acentuada que las anteriores, pretende hacernos creer que sabe muy bien lo que no nos conviene, incluso, mucho mejor que nosotros mismos. Por eso tanta prohibición; a veces de forma reglamentaria, pero a veces también en leyes.
La discusión sobre la pretendida regulación al uso de redes sociales parte de varios sofismas o argucias, como usted le quiera llamar. Me parece que los principales supuestos defectuosos de los que parte son los siguientes:
1.- No puede un ente privado privarte de tus derechos.
En primer lugar, al tratarse de un acto voluntario el ligarse a una red
social, a través de la plataforma correspondiente, no existe una
posición jerárquica de supra a subordinación entre la plataforma y el
usuario.
No es un pacto social, como el que se tiene entre autoridades y ciudadanos. Se trata de una relación contractual con obligaciones y cargas entre ambas partes.
Argumentos como ese sirvieron para formular la pretendida iniciativa a través de la cual un inquilino (en la Ciudad de México) se encontrara en posibilidad de retrasarse en el pago de las rentas de un inmueble, por la razón que sea, sin consecuencia alguna.
2.- No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión.
En la misma línea que lo anterior, ahora resulta que las garantías en el ejercicio de un derecho humano las debe hacer válidas un ente privado.
Fíjese en el lío de lo que ocurre en Estados Unidos por un argumento falso como el que aquí se plantea: el ex presidente Trump ya fue enjuiciado a priori por Twitter con la suspensión definitiva de su cuenta, pero ya fue exonerado del impeachment al que fue sujeto.
Para la red social (ente privado) el ex presidente incitó al odio, pero para la autoridad colegiada no lo hizo.
Por ejemplo, en México, es cierto que dentro de las novedades que presentó en su momento la actual Ley de Amparo se encuentra la relativa a la posibilidad de considerar como autoridad a un particular, atendiendo a la naturaleza de sus actos, pero justamente por eso no puede ser una afirmación lisa y llana para todos los casos.
3.- La única forma correcta de proteger el derecho humano de libertad de expresión en el ciberespacio, es la vía legislativa”, señaló.
Lo anterior es más falso que un billete de $75.00. En primer lugar, porque parte de las dos falsedades que le mencioné en los puntos anteriores. En segundo lugar, porque las leyes han demostrado que se quedan cortas en tratar de regular todos los aspectos que tienen que ver con las interacciones diarias.
Además, ese motivo basa su apreciación en el espacio en el que se desarrolla la actividad de las redes sociales (ciberespacio), en relación con el único ordenamiento que pudiera tener injerencia en ese espacio.
Esos son algunos aspectos en los que pretende justificarse la iniciativa.
Por su parte, algunos usuarios defienden su derecho a expresarse en las redes sociales; los menos utilizan argumentos bien sustentados y se dirigen con respeto hacia las demás personas.
Por otro lado, una gran parte pretende convivir a partir de insultos y denostaciones que nada tienen que ver con el asunto que se discute. Si usted desea ver ejemplos de argumentos ad hominem, el mejor lugar para tener miles de ellos son las redes sociales.
La herramienta del bloqueo, aun cuando a veces es utilizada con justa razón por la agresividad de algún integrante de la red, lo cierto es que también suele ser utilizada por simples diferencias de opinión.
En tal sentido, si es que la hay, ¿De qué lado cree usted que esté la hipocresía en el asunto de regular las redes sociales?
* El autor es licenciado en derecho y maestro en transparencia y protección de datos personales. Actualmente ejerce en el Poder Judicial de la Federación. Ha sido Director de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades Federativas en el INAI y Director de Enlace Legislativo en SETEC, entre otros cargos.
