Tras un fin de semana de intensas especulaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó este lunes que la inclusión de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y de otros implicados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una acción de carácter “estrictamente preventivo”.
El anuncio llega después de que el pasado viernes trascendieran las versiones sobre el congelamiento masivo de activos de la cúpula política sinaloense, señalada por agencias de Estados Unidos por una presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. No obstante, en su comunicado oficial, la UIF no confirmó ni negó si la medida alcanzó también las cuentas bancarias de los familiares directos del mandatario con licencia.
Escudo al sistema financiero por reportes “24 Horas”
La dependencia federal explicó que la inmovilización de fondos se activó de manera automatizada bajo el esquema técnico denominado LPB 24 Horas, derivado de las alertas emitidas por las propias instituciones del sistema financiero mexicano. Estos reportes bancarios se encendieron inmediatamente después de los señalamientos del gobierno estadounidense contra 10 personas acusadas de narcotráfico, tráfico de armas y, en un caso específico, secuestro.
“La UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. Estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, consignó la autoridad hacendaria.
El entorno de Rocha Moya se desmorona
La asfixia financiera contra el gobernador con licencia ocurre en el momento más crítico de la crisis política en Sinaloa. La semana pasada, dos de sus colaboradores más cercanos se entregaron voluntariamente en una corte de Nueva York para fungir como testigos cooperantes:
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública del estado.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
Mientras sus exfuncionarios pactan beneficios procesales con los fiscales norteamericanos, el paradero de Rubén Rocha Moya sigue siendo completamente desconocido para la opinión pública.
Sheinbaum pide prudencia y pruebas contundentes
Horas antes de la difusión del comunicado de la UIF, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura en la conferencia mañanera. La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que se requieren “pruebas contundentes” antes de proceder penalmente o iniciar un juicio político en contra de Rocha Moya, quien forma parte de las filas del partido Morena.
En consonancia con la directriz presidencial, la UIF aseguró que actualmente se encuentra analizando de manera minuciosa la información y documentación de estas Personas Políticamente Expuestas (PPE) bajo los mismos criterios técnicos e institucionales aplicados a cualquier ciudadano, garantizando que los afectados mantendrán sus medios de defensa y las garantías previstas en la legislación mexicana para intentar desbloquear sus capitales.
