El Poder Judicial de la Federación (PJF) mantiene activas medidas de protección para alrededor de 40 jueces y magistrados federales que enfrentan amenazas o riesgos derivados de su labor jurisdiccional, principalmente en materias penales, informó el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que en cada sesión del Pleno del OAJ se analizan solicitudes formales de juzgadores que requieren esquemas de seguridad, los cuales pueden incluir camionetas blindadas, chalecos antibalas y servicios de escoltas, dependiendo del nivel de riesgo determinado por los dictámenes especializados de la coordinación de seguridad institucional.
“En cada sesión autorizamos medidas de protección, ya sea por una camioneta blindada, un chaleco o escoltas. En algunos casos también se retiran cuando los estudios técnicos indican que las condiciones de inseguridad han disminuido”, detalló Vargas.
El presidente del OAJ precisó que las medidas son dinámicas y variables, ya que algunos juzgadores cuentan únicamente con chalecos antibalas, otros con vehículos blindados y algunos más con un esquema integral que incluye escoltas, de acuerdo con la evaluación de riesgo individual.
Camionetas blindadas podrían destinarse a jueces amenazados
Las declaraciones se dan en el contexto de la decisión anunciada por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar las camionetas blindadas adquiridas en diciembre de 2025, tras la polémica pública generada por su compra.
Al respecto, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que dichas unidades podrían ser reconducidas para proteger a jueces y magistrados que sí enfrentan riesgos reales, al considerar que el Poder Judicial requiere este tipo de herramientas para garantizar la integridad de quienes imparten justicia en contextos de alta peligrosidad.
“Hemos estado evaluando junto con el presidente del Órgano de Administración Judicial la solución más viable. Muy seguramente estos vehículos se pondrán a disposición de los juzgadores que se encuentran en mayor riesgo”, afirmó Aguilar Ortiz.
Transparencia inédita sobre seguridad judicial
Estas declaraciones representan la primera ocasión en más de cuatro años en que un alto mando del Poder Judicial ofrece información pública sobre el número y tipo de medidas de seguridad otorgadas a jueces y magistrados federales.
La última vez que el PJF transparentó estos datos fue en diciembre de 2019, durante el primer informe de labores del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar. En ese momento, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó la asignación de 42 medidas de protección, que incluían 11 vehículos blindados, 12 servicios de escoltas, 11 chalecos antibalas y ocho apoyos provisionales, como teléfonos con botón de pánico.
El actual contexto de violencia e inseguridad en diversas regiones del país ha reabierto el debate sobre la protección institucional a jueces y magistrados, especialmente aquellos que resuelven casos de alto impacto vinculados al crimen organizado y delitos graves.
