El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, marcando un cambio significativo en el sistema judicial mexicano.
El debate central se concentró en el tercer artículo transitorio del dictamen, que define la aplicación de la nueva ley a los procesos judiciales en curso.
Inicialmente, el texto establecía que los juicios de amparo abiertos antes de la reforma seguirían bajo el marco anterior. Sin embargo, a propuesta del diputado Hugo Eric Flores (Morena), se modificó la redacción para que solo las etapas procesales concluidas mantengan la legislación previa, mientras que los actos pendientes se rijan por la nueva Ley de Amparo.
“No es violar un derecho constitucional aprobando la irretroactividad de la ley. Es un tema de trascendencia procesal, de derecho procesal puro”, argumentó Flores en tribuna, señalando que la medida se ajusta al artículo 14 constitucional y a la doctrina jurídica mexicana.
Dos marcos jurídicos para los juicios en trámite
Con esta modificación, los juicios de amparo en trámite operarán bajo un modelo mixto: las fases ya finalizadas se mantendrán conforme al marco anterior, mientras que los procedimientos pendientes deberán aplicar las nuevas disposiciones aprobadas por la actual legislatura.
La reforma busca, según sus impulsores, agilizar la resolución de casos y fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar cobros fiscales pendientes, una problemática señalada como crítica para las finanzas públicas.
Monreal: procesos tardan hasta 22 años
Durante la discusión, el senador Ricardo Monreal expuso que existen juicios de nulidad que superan los 100 mil millones de pesos en créditos fiscales no recuperados. Denunció que los procesos judiciales pueden tardar entre 16 y 22 años desde su inicio hasta la ejecución final, lo que impacta directamente en los ingresos públicos.
“Solo 0.5% de los créditos fiscales termina siendo cobrado; el resto se pierde en litigios prolongados”, afirmó.
Un cambio con impacto fiscal y jurídico
La reforma a la Ley de Amparo se presenta como una respuesta directa a la necesidad de acelerar los juicios y reducir la evasión fiscal mediante procesos judiciales. No obstante, sectores de la oposición y juristas han expresado preocupación por el alcance retroactivo que podría tener en la práctica.
Con la aprobación en San Lázaro, el dictamen pasará al Senado de la República para su revisión y eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.
