Una red empresarial dedicada al contrabando de combustible mantiene al menos 30 negocios activos en seis estados del país, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que vinculan a una decena de empresarios con delitos de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.
De acuerdo con la indagatoria federal, los involucrados utilizan un entramado de empresas fachada relacionadas con construcción, transporte de carga, producción agrícola, paquetería, turismo, abarrotes y manejo de gasolineras, actividades que habrían servido para ocultar operaciones de “huachicol fiscal” a gran escala.
Red con presencia en seis estados
Los negocios de los presuntos responsables se extienden desde Baja California —en los municipios de Ensenada y Mexicali— hasta Jalisco, con presencia en Guadalajara, Nuevo León (Monterrey, Cadereyta y Montemorelos), Tamaulipas (Tampico, Altamira y Ciudad Madero), Sonora (Nogales) y San Luis Potosí (Ciudad Valles).
Los empresarios señalados son Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”; Brenda Mariela Salas Ramírez, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Luis Francisco Rodríguez Orozco, y los hermanos Cristián Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera.
También figuran Héctor Manuel Portales Ávila, José Isabel Murguía Santiago y Anuar González Hemad, quienes ya fueron detenidos; así como el exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna, único de la lista sin orden de aprehensión activa.
El “huachicol fiscal”: fraude estructurado desde el extranjero
Las investigaciones revelan que la red utilizaba principalmente a las empresas Mefra Fletes y Transportes Especializados AMOL, señaladas por su papel en la importación ilegal de millones de litros de gasolina y diésel desde el extranjero.
Según la FGR, el fraude consistía en declarar los cargamentos de combustible como “aditivos para aceites lubricantes”, “resinas de policarbonato” u otras sustancias químicas, con el fin de evadir impuestos especiales y controles aduaneros.
El combustible era posteriormente almacenado y distribuido en estaciones irregulares, o incorporado a la red de gasolineras legales de los empresarios involucrados, generando millones de pesos en ganancias ilícitas y afectando la recaudación federal.
Avances en las investigaciones
Fuentes de la Fiscalía confirmaron que ocho de los empresarios ya fueron vinculados a proceso, mientras continúan las diligencias para ubicar a los cómplices y rastrear operaciones financieras relacionadas con la compra de buques y empresas transportistas.
Las autoridades estiman que este esquema de contrabando ha representado pérdidas millonarias al erario, además de impactos al mercado energético nacional, al introducir combustible sin control de calidad ni pago de impuestos.
La FGR mantiene abiertas varias líneas de investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, con la posibilidad de que se emitan nuevas órdenes de aprehensión en las próximas semanas.
