El Congreso de la Ciudad de México solicitó formalmente a la Secretaría de la Contraloría General capitalina investigar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, por presuntas irregularidades en el retiro del “Monumento Encuentro”, un conjunto escultórico que rendía homenaje a Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, ubicado en el Jardín Tabacalera.

La petición fue presentada por Brenda Fabiola Ruiz Aguilar, diputada de Morena, quien denunció que la remoción, realizada el pasado 16 de julio, constituye un acto de censura ideológica y una violación a la normativa sobre conservación del patrimonio cultural.

“Hoy alzo la voz para denunciar un acto profundamente simbólico y peligrosamente autoritario”, expresó Ruiz Aguilar en la Comisión Permanente. La legisladora enfatizó que se ignoró la resolución del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP), el cual es la única instancia con atribuciones para autorizar cualquier modificación, alteración o remoción de monumentos en espacios públicos.

Posible violación a la Ley Orgánica de Alcaldías

Ruiz Aguilar argumentó que el retiro de las esculturas transgrede el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la CDMX, el cual obliga a las autoridades locales a proteger la infraestructura cultural y recreativa, garantizando el acceso libre de la ciudadanía.

La diputada pidió además que Rojo de la Vega se abstenga de subastar o disponer de las piezas, señalando su valor histórico y simbólico. “Aunque algunos quieran borrar la historia, no pasarán; la memoria no se borra con grúas ni con discursos vacíos”, advirtió.

Contexto del retiro de las esculturas

El retiro del “Monumento Encuentro” ha generado una amplia controversia en la opinión pública. Mientras sectores de la alcaldía Cuauhtémoc argumentan que la medida responde a peticiones vecinales, legisladores de Morena consideran que se trata de una acción con fines políticos que atenta contra la memoria colectiva.

La Contraloría de la CDMX deberá determinar si existieron irregularidades en el proceso y si la alcaldía incumplió con los protocolos establecidos para la conservación de bienes culturales.