La violencia generada por el crimen organizado provocó un dramático aumento del desplazamiento interno en México durante 2024, de acuerdo con el informe “Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO).
Según el estudio, al menos 28,900 personas fueron desplazadas internamente a lo largo del año pasado, lo que representa un aumento del 129% respecto a los 12,623 casos registrados en 2023. La mayoría de los desplazamientos se originaron en zonas rurales y regiones controladas por grupos armados, donde los enfrentamientos, ataques directos a la población civil y el uso de explosivos y drones son cada vez más comunes.
Chiapas, el epicentro de la crisis
El estado más afectado fue Chiapas, que concentró el 61.8% de todos los casos de desplazamiento. Las agresiones se intensificaron en la frontera con Guatemala, donde el enfrentamiento entre grupos criminales obligó a comunidades enteras a huir. El informe incluso documenta un fenómeno de desplazamiento transfronterizo, con al menos 600 personas que cruzaron a pie hacia el departamento guatemalteco de Huehuetenango, atravesando zonas montañosas y de difícil acceso para escapar de la violencia.
Otros estados con cifras preocupantes son Sinaloa (15.5%), donde la violencia recrudeció tras la captura de líderes del crimen organizado; Michoacán y Chihuahua (ambos con 5.4%) y Guerrero (4.8%).
Falta de respuesta institucional y legislativa
El informe advierte que el desplazamiento forzado continúa siendo invisibilizado por el Estado mexicano, principalmente por la falta de cifras oficiales, la ausencia de una legislación nacional específica y la fragmentación institucional que impide una respuesta coordinada.
Aunque algunos estados como Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022) han promulgado leyes locales para atender este fenómeno, estas no han sido eficaces ni para prevenir la violencia ni para garantizar la protección integral de las víctimas.
“La magnitud de este desplazamiento interno revela una crisis humanitaria persistente y normalizada, donde miles de personas son obligadas a abandonar sus hogares sin que exista una respuesta estructural del Estado”, destaca el documento.
