Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, fue removido de su cargo, confirmó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, en entrevista para El Economista.
En una llamada telefónica, Rosales detalló que Mauricio Pazarán Álvarez será el nuevo responsable de encabezar esta unidad clave dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de esclarecer uno de los crímenes más dolorosos y emblemáticos en la historia reciente de México.
“En la última reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, se nos presentó a Mauricio Pazarán como el nuevo encargado de la Fiscalía”, indicó Rosales.
Renuncia no anunciada oficialmente
Según el abogado de las víctimas, Gómez Piedra no asistió a la más reciente sesión de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), y fue apenas ayer cuando se notificó de manera informal a los familiares que el fiscal nombrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador había renunciado.
La salida de Gómez Piedra se produce en un contexto de fuerte descontento entre las familias, particularmente tras sus declaraciones en mayo pasado, cuando afirmó que ya se contaban con 120 personas detenidas, más de 46 causas penales abiertas y más de 800 puntos inspeccionados en la sierra en busca de restos humanos. Estos comentarios fueron percibidos como insensibles por parte de los padres y madres de los normalistas.
¿Quién es Mauricio Pazarán?
Aunque aún no se ha publicado oficialmente el nombramiento de Mauricio Pazarán, su presentación ante la presidenta Sheinbaum lo perfila como el nuevo encargado del relanzamiento de las investigaciones. Se espera que su designación busque reconstruir la confianza de las víctimas y dar continuidad efectiva al esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Contexto y expectativa
El cambio de titular ocurre en un momento crítico para la credibilidad del proceso judicial, luego de años de investigaciones fragmentadas y versiones contradictorias. Organismos de derechos humanos y representantes de los familiares han insistido en una revisión profunda del actuar institucional y en evitar que el caso caiga nuevamente en el estancamiento.
