La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo investigación a 2,378 funcionarios por su presunta responsabilidad en diversos delitos que incluyen abuso de autoridad, tortura, alteración de dictámenes periciales y hasta facilitar la fuga de presuntos delincuentes, según información oficial de la propia institución.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI), entre 2019 y mayo de 2025 se han tramitado 1,476 vistas penales, documentos generados a partir de auditorías, inspecciones o investigaciones internas que detectan posibles irregularidades administrativas o penales por parte del personal de la FGR.
Entre los implicados se encuentran agentes del Ministerio Público, fiscales en jefe, peritos, delegados, policías federales ministeriales y funcionarios administrativos. Las irregularidades incluyen desde omisiones graves hasta acciones que podrían constituir delitos que afectan el debido proceso y el acceso a la justicia.
Sanciones poco claras y baja judicialización
Aunque la FEAI asegura que las faltas graves pueden derivar en sanciones como la destitución, no existen registros públicos de las sanciones aplicadas a los servidores señalados en las vistas penales.
Durante los primeros dos meses de 2025, se generaron 61 vistas penales, pero solo 10 carpetas de investigación han sido judicializadas, evidenciando un bajo índice de seguimiento penal.
Estas vistas, explicó la FGR, surgen de evaluaciones técnico-jurídicas, visitas de supervisión e inspección realizadas directamente por personal de la FEAI.
Impacto en el sistema de justicia penal
La situación ha generado preocupación entre abogados penalistas y sus representados, quienes afirman que estas omisiones y faltas procesales afectan directamente el acceso a una defensa adecuada y debilitan la confianza en el aparato de procuración de justicia.
Expertos señalan que la falta de transparencia sobre las sanciones aplicadas y la escasa judicialización de las investigaciones plantean dudas sobre la eficacia del control interno de la FGR y sus mecanismos de rendición de cuentas.
