Con 343 votos a favor y 129 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y establece la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La iniciativa, enviada ya al Ejecutivo para su promulgación, forma parte de la reforma en Materia de Simplificación Orgánica impulsada por el gobierno federal.
En el último día del periodo extraordinario, las y los legisladores avalaron esta reforma estructural que abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vigente desde 2014. El nuevo marco normativo no solo redefine el mapa institucional del sector, sino que responde también a compromisos internacionales adquiridos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Un nuevo órgano regulador en línea con el T-MEC
Uno de los puntos clave que motivaron el rediseño institucional fue el cumplimiento del artículo 18.17 del T-MEC, el cual exige que cada país cuente con un organismo regulador independiente en materia de telecomunicaciones, libre de conflictos de interés y con plena autonomía técnica.
Aunque en su versión inicial la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum asignaba las funciones regulatorias a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, este esquema fue modificado por el Legislativo. El cambio obedeció a críticas de especialistas y socios comerciales, que advirtieron que esa estructura podía contravenir lo pactado en el tratado comercial.
Finalmente, se optó por la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como órgano desconcentrado, el cual sí estará adscrito a la Agencia de Transformación Digital, pero con facultades específicas que garantizan su independencia operativa en concordancia con el T-MEC.
¿Qué busca la nueva Ley de Telecomunicaciones?
La Ley tiene como objetivo establecer las bases para el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y servicios satelitales, promoviendo una mayor cobertura, acceso equitativo y la protección de los derechos de usuarios y audiencias. Entre sus prioridades se encuentran:
- El fomento a la competencia y la innovación tecnológica.
- La universalización de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en zonas rurales.
- La transparencia en la asignación de frecuencias y en la operación de concesionarios.
- La garantía de los derechos de los usuarios y las audiencias, incluyendo calidad del servicio y acceso a contenidos diversos.
Un cambio con implicaciones profundas
La eliminación del IFT, órgano autónomo creado en 2013, representa uno de los ajustes más significativos en la estructura regulatoria de México en los últimos años. Si bien desde el Ejecutivo se argumenta que la reforma responde a un principio de simplificación y eficiencia gubernamental, sectores de oposición y voces especializadas han advertido sobre posibles riesgos en materia de autonomía regulatoria y concentración de funciones.
Ahora, la atención se centra en cómo se implementará este nuevo modelo institucional y en si la CRT logrará ejercer sus funciones con plena independencia técnica y sin presiones políticas o comerciales, tal como exige el contexto nacional e internacional.
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