Este miércoles concluye el plazo de 90 días otorgado por el juez Frederic Block de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, para que la fiscalía estadounidense decida si solicitará la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero, conocido como “El narco de narcos” y cofundador del Cártel de Guadalajara.
La audiencia programada para este 25 de junio marcará un momento clave en el proceso judicial, pues se definirá la pena que el gobierno de Estados Unidos buscará imponer en caso de que Caro Quintero sea declarado culpable tras un eventual juicio.
Posible pena de muerte sobre la mesa
Durante las primeras comparecencias judiciales, la fiscal Saritha Komatireddy no descartó que la pena capital sea una opción viable en caso de que “El narco de narcos” sea encontrado responsable de los múltiples delitos que se le imputan, incluyendo tráfico de marihuana, cocaína, fentanilo, y su presunta participación en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.
“Tenemos grabaciones que confirman el interrogatorio y la tortura cometida hace cuarenta años contra Enrique Camarena”, aseguró la fiscal Komatireddy.
Estas pruebas de audio, junto con registros de operaciones de narcotráfico atribuidas a Caro Quintero, serán parte del material que la fiscalía presentará para sustentar su acusación.
Extraditado con otros 28 narcotraficantes
Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos el pasado 27 de febrero de 2025, junto a otros 28 presuntos narcotraficantes, como parte de una colaboración binacional para desarticular redes criminales de alto perfil. En su primera audiencia, el acusado se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
El caso ha cobrado especial atención por la figura histórica de Caro Quintero en el narcotráfico mexicano y por el peso simbólico del asesinato de Camarena, considerado un punto de quiebre en la cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos.
Implicaciones judiciales y políticas
La posibilidad de que se le imponga la pena de muerte ha despertado debate entre organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que México, país que prohíbe constitucionalmente dicha pena, ha condicionado en el pasado su colaboración con EE. UU. a la no aplicación de esta sanción contra nacionales extraditados.
Si la fiscalía confirma hoy su intención de solicitar la pena capital, se abriría un frente diplomático delicado, además de complicar las etapas siguientes del juicio.
