A poco más de un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, el país vive un debate intenso entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y organismos internacionales. Según cifras oficiales de los poderes judiciales locales, la Judicatura Federal y organizaciones civiles, 63 mil 223 personas permanecen privadas de la libertad sin sentencia bajo esta figura, al corte del 24 de junio.
El tema ha cobrado especial relevancia tras la reforma constitucional de 2024, que amplió el catálogo de delitos sujetos a esta medida cautelar, incorporando casos como extorsión, producción de fentanilo y emisión de facturas falsas, además de los ya establecidos como homicidio, narcotráfico y secuestro.
La defensa del gobierno y las críticas internacionales
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido abiertamente la figura de prisión preventiva oficiosa, argumentando que es una herramienta esencial para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que los presuntos responsables de delitos graves evadan la justicia.
“Esta medida responde a una demanda social de justicia frente a delitos que afectan gravemente a la población, como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas”, afirmó recientemente la mandataria.
Sin embargo, su postura ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó en 2023 eliminar esta figura por violar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. En 2024, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al gobierno mexicano a sustituirla por la prisión preventiva justificada, que requiere una evaluación judicial caso por caso.
Impacto en derechos humanos y poblaciones vulnerables
Organismos nacionales e internacionales han advertido que la prisión preventiva oficiosa agrava las condiciones de sobrepoblación carcelaria y afecta desproporcionadamente a personas de bajos recursos. En 2022, el 41% de la población penitenciaria en México estaba encarcelada sin sentencia, lo que contribuyó a una sobrepoblación de 7 mil 75 internos por encima de la capacidad instalada.
Además, el 70% de los detenidos son personas en situación de pobreza, lo que refleja una profunda desigualdad en el acceso a la justicia. Las mujeres, en particular, enfrentan condiciones aún más desfavorables, según ha señalado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Próxima decisión clave en la Suprema Corte
El próximo 5 de agosto, la SCJN analizará la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El recurso busca declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por contravenir derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales firmados por México.
La decisión de la Corte podría sentar un precedente histórico y marcar un viraje en la política de seguridad del país, que ha apostado en los últimos años por medidas punitivas en lugar de enfoques más garantistas.
